La corrupción 'escala' y el juez señala al que fue número dos del PSOE andaluz

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, al frente de las macrocausas de corrupción de los ERE y de los cursos de formación fraudulentos en la Junta de Andalucía durante la etapa socialista, no ha empezado el año con buenas noticias para el PSOE-A, todo lo contrario, emite un auto que enfoca a las altas esferas del partido en otro caso de corrupción.

El arranque del año judicial supone una vergüenza absoluta para el PSOE, cuya dirección guarda un silencio sepulcral después de escuchar como este lunes en la Audiencia de Sevilla, durante el juicio contra el exchófer de la Junta, este ratificó que se gastaron el dinero de las ayudas de los parados en "juergas, copas y cocaína".

Ahora llega otro escándalo con el auto de la pieza separada de la macrocausa de los cursos de formación relativa al "entramado empresarial" del que fuera vicesecretario del PSOE andaluz, el cordobés Rafael Velasco, ordenando una tanda de comparecencias de investigados, entre los que figuran Velasco y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien cumple actualmente condena de cárcel por malversación en el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos europeos.

Velasco, el que fuera el número dos de los socialistas andaluces, dimitió cuando saltó el escándalo, en 2020, de su cargo como vicesecretario del PSOE y como diputado por Córdoba en el Parlamento. Ahora, después de años de parálisis, el caso avanza con un negro futuro para el socialista que implicó a casi toda su familia en la trama.

El presunto fraude de casi 200.000 euros

Según el juez instructor, la causa versa sobre supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la "presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen 5", vinculada a Rafael Velasco.

Así, la citada entidad "habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular" por valor de casi 200.000 euros, en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE, según detalla el juez instructor, desgranando una primera ayuda de 28.752 euros, otra de 41.296 euros, una tercera de 82.593 euros y una última de 41.296 euros.

La familia Velasco 'unida' en la supuesta trama

Según figura en este nuevo auto fechado el pasado 28 de diciembre y difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez ha citado como investigado a Rafael Velasco el día 27 de febrero, junto con un largo listado de familiares presuntamente implicados en la trama.

Así figuran Antonia M.L., esposa de Velasco y administradora única de la empresa Aulacen 5; Rafaela M.L., hermana de la anterior, cuñada de Velasco y evaluadora en los cursos de formación subvencionados; Inmaculada M.L., también cuñada de Velasco y docente en los cursos de formación subvencionados; y Pedro V.S., hermano de Velasco y quien figuraría igualmente como docente en tales cursos.

Ya para el día 5 de marzo, el juez cita a varios investigados más, entre ellos Antonio Fernández como presidente del SAE en 2008, y los exdirector generales de Formación María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García; así como a Alonso S.F., responsable del Servicio de Gestión y Programación.