El fraude de 40 millones sienta en el banquillo a la antigua cúpula de UGT-A

Este lunes está previsto que comience el juicio en la Audiencia de Sevilla otro de los grandes escándalos de corrupción que sacudió en su momento la comunidad andaluza y que tiene como investigados a la antigua cúpula del sindicato de UGT-A. Concretamente, se sienta en el banquillo de los acusados el ex secretario general Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro ex directivos de la organización sindical, por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados 40.750.047 euros de subvenciones públicas.

El comienzo de la vista estaba fijado para el pasado 14 de diciembre, si bien unos días antes el señalamiento fue suspendido por motivos de salud de algunos de los intervinientes. Pero la causa ya no se dilata más y comienza el juicio contra el ex secretario general del sindicato Francisco Fernández y sus compañeros: el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la ex secretaria de Gestión Económica; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Tiempo atrás, recordémoslo, el juez instructor Juan José Vélez decretó el sobreseimiento de las actuaciones respecto al exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su "situación de incapacidad sobrevenida", así como con relación a otras siete personas.

El 13 de marzo de 2020, justo antes del primer estado de alarma frente a la pandemia, dicho juez responsable del Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla dictó un auto en el que acordaba la apertura de juicio oral contra los 15 investigados tras recibir los correspondientes escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP-A.

Una trama para financiarse

En su auto de procedimiento, el juez relataba que entre 2009 y 2013, mediaron "procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias", incurriendo en ello en "la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido", que eran "la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado".

"En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato", explicaba el juez instructor, según el cual "el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros".

Ya en el auto de apertura de juicio oral, el juez señalaba la "relación existente" entre los miembros de la antigua cúpula de UGT-A y la propia organización sindical, indicando así "la presunta responsabilidad civil subsidiaria" de UGT Andalucía, por lo que procedía "requerir a dicha entidad para que preste fianza a fin de asegurar la responsabilidad civil que pueda derivarse de la causa".

Lo mismo consideraba el juez respecto al resto de investigados y su relación con las empresas proveedoras de UGT Andalucía, a las que también atribuía su "presunta responsabilidad civil subsidiaria", como cooperadores necesarios de tales delitos en el caso de los restantes investigados como responsables de las empresas proveedoras del sindicato.

Fianzas millonarias

En su auto, el juez imponía una fianza de 40.750.047 euros a Fernández Sevilla y los restantes exresponsables de UGT-A, de manera "conjunta y solidaria", imponiendo al resto de investigados fianzas que oscilaban entre 638 euros y más de un millón de euros. Además, requería a UGT-A para que, para el supuesto de que Fernández Sevilla y los demás investigados relacionados con el sindicato no prestasen la fianza exigida, "preste en igual plazo de un día la fianza" de 40.750.047 euros solicitada a los mismos.

A continuación, el juez instructor requería a las empresas Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar D.M., Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Caronte y Carpetas Abadía las fianzas asociadas a las personas investigadas con relación a tales entidades, "para el caso de que los acusados no presten la fianza exigida".