Barbate, un "destino maldito" para los agentes y también para los jueces

La localidad gaditana de Barbate, al igual que ocurre con otros municipios del Campo de Gibraltar como La Línea de la Concepción o Algeciras, es un lugar poco apetecible para ser destinado como agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por la presión que imprimen en la zona los narcotraficantes. Muchas veces jóvenes policías y guardias llegan al Estrecho desde estos puntos de España dispuestos a fulminar a estas bandas organizadas cuyos miembros residen en el pueblo y son conocidos por todos, pero en poco tiempo sus ánimos se ven apagados por la falta de medios frente a unas mafias muy preparadas y con mucho dinero, o por la impunidad que les ofrece las leyes criminales, así que pronto piden el traslado.

Este territorio es igual de hostil para los que trabajan codo con codo con los agentes en los tribunales y los jueces también dura poco en este destino que consideran "maldito", tal y como este jueves ha explicado el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella, que ha puesto como ejemplo que la jueza que instruye el "complejo" caso de la muerte de dos guardias civiles al ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, deja en breve su puesto.

Estrella ha señalado que la jueza cambia de destino "en dos semanas", con lo que el caso pasará a un nuevo juez que "en cuanto se le permita, se buscará otra plaza". Por este organismo han pasado "tres o cuatro jueces en los últimos dos años". En su lugar, según explica el presidente de la Audiencia, "aparecerá un chico joven, recién salido de la escuela judicial, con todas las ganas del mundo y con todo el interés y yo me atrevo a aventurar que, a no mucho tardar, en cuanto se le permita, buscará otra plaza".

Juzgados del siglo XIX: lentos y sin recursos

Los motivos que ha puesto Estrella para aventurar este futuro cambio es que esta plaza "está lejos, no es atractiva profesionalmente porque hay demasiados interinos y porque se funciona mal", añadiendo además que "la existencia de ese tipo de juzgado hoy en día no tiene sentido alguno".

En ese sentido, ha aseverado que el sistema legislativo actual está "bastante obsoleto" y que la planta judicial "tampoco es acorde a los tiempos que corren hoy en día", estando diseñada, ha dicho, "para una España agrícola del siglo XIX". "La existencia de partidos judiciales en pueblos donde los medios son ínfimos es un auténtico atraso", ha apuntillado.

El presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella.

En opinión de Estrella, se debería ir "de una vez por todas" hacia los tribunales de instancia y "conseguir que este tipo de grandes operaciones se instruyan en jugados grandes", donde cuentan con especialización y personal "que sepa trabajar" en ellas y, sobre todo, "con plantillas de funcionarios muy estables, no como los pueblos, que hay una inestabilidad enorme desde el último funcionario hasta el magistrado hasta el juez, y así es verdaderamente complicado poder trabajar".

El presidente de la Audiencia gaditana ha puesto el foco en la "presión mediática" que puede sufrir el juez encargado del caso de los guardias civiles asesinados, que también debe atender a otros asuntos que lleguen al juzgado mixto como divorcios o delitos leves, por lo que puede partirse con una circunstancia atenuante de "dilaciones indebidas antes de empezar, porque esa causa no va a salir de ahí en un tiempo razonable".

El punto débil de los narcos

Sobre la falta de medios para hacer frente a las causas que se instruyen contra el tráfico de drogas en la provincia de Cádiz, Manuel Estrella ha manifestado que "conforme surgen los problemas, nacen las necesidades y hay que buscar las soluciones", aludiendo a que los narcos "van siempre por delante" y que "nosotros", en referencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al sistema judicial, "no nos vamos nunca a anticipar porque es imposible".

No obstante ha puesto en el centro los delitos por blanqueo de capitales, que son, ha dicho, "lo que más daño les hace a los narcos, casi más que las penas privativas de libertad que se les pueda imponer por el delito contra la salud pública en sí".