Sevilla pone coto a las viviendas turísticas en el casco histórico y Triana
Es la primera ciudad andaluza en acogerse al decreto de la Junta que otorga potestad a los ayuntamientos para regular los pisos turísticos y ya ha establecido unos límites para cada barrio.
Turistas en Sevilla.
El Ayuntamiento de Sevilla, consciente del problema que genera la presencia excesiva de viviendas turísticas en la convivencia con los vecinos, ha sido el primer consistorio de Andalucía en tomar medidas y poner freno a su proliferación. Así se ha acogido al reciente decreto aprobado en el mes de enero por la Junta de Andalucía que otorga a los entes locales las competencias para regular esta oferta para los turistas.
Para llevar a cabo esta medida el consistorio hispalense ha elaborado un informe técnico para detectar cuáles son las zonas que experimentan una mayor presión de Viviendas de Uso Turístico (VUT) en Sevilla, así como uno jurídico justificativo del establecimiento de estas limitaciones "por razones imperiosas de interés general y la necesidad urgente de regular este fenómeno, a tenor de la afección que está teniendo en el modelo de ciudad".
"Sólo seis semanas después de su aprobación, el 29 de enero, hemos elaborado una propuesta de limitación proporcionada de estos establecimientos turísticos en cada barrio de la ciudad", ha destacado concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, el popular Juan De la Rosa, que ha anunciado que la propuesta se elevará al próximo pleno y habrá un periodo de exposición pública por lo que se espera que entre en vigor a finales del mes de abril.
En el casco histórico y Triana no cabe ni una más
El parámetro que se ha concretado para determinar el número de viviendas máximas permitidas por zonas es que las VUT registradas "no superen el 10% del total de viviendas familiares disponibles, siendo este umbral es el que marca la presión turística máxima admisible".
Desde Urbanismo se han diferenciado tres zonas, la Zona 1, donde "se apuesta por un decrecimiento de las VUT" puesto que la tasa de inscripción de estos inmuebles es superior al 10% del total de viviendas familiares. En esta zona se engloban once barrios del Casco Antiguo (Santa Cruz, Arenal, Alfalfa, San Bartolomé, Feria, Encarnación-Regina, Santa Catalina, San Lorenzo, San Gil y, San Vicente) y el barrio de Triana Casco Antiguo.
Le sigue la Zona 2, en la que "podría haber un crecimiento de las VUT controlado o acotado", dado que la tasa de inscripción de estos inmuebles es inferior al 10% del total de viviendas familiares disponibles. A este sector corresponderían los barrios de San Julián, El Museo y San Bernardo.
Y, por último, la Zona 3, donde "se admitiría un crecimiento de dichas VUT", dado que la tasa de inscripción de estos inmuebles es inferior al 5% del total de viviendas familiares disponibles. Se encontrarían en este apartado los restantes 94 barrios de la ciudad pertenecientes al resto de distritos municipales con menor presencia turística.
Por lo tanto, sólo en aquellos barrios donde no se haya agotado el número máximo de viviendas de uso turístico establecidas de acuerdo a este parámetro, podrán otorgarse nuevas autorizaciones de Viviendas de Uso Turístico hasta alcanzar el máximo previsto, mientras que en aquellos barrios que hayan llegado al límite no se otorgará ninguna autorización nueva para esta modalidad de alojamiento turístico. "No cabe ni una VUT más", ha señalado De la Rosa.
Medidas de control de las VUT
El documento de regulación se revisará anualmente y una vez aprobado definitivamente será de aplicación "inmediata". De esta forma el Consistorio aboga por una ciudad sostenible y aplicará varias medidas de control como enviar los expedientes disciplinarios que se instruyen de viviendas de fines turísticos a la Junta para que proceda a cancelar sus inscripciones en registro.
También tiene previsto abrir expedientes disciplinarios a aquellas viviendas de fines turísticos cuyo registro sea cancelado por la Junta; pedir al colegio de Administradores de Fincas que faciliten las denuncias más recurrentes de las que tengan conocimiento por parte de las comunidades de propietarios; y, dar cuenta al Servicio de Protección Ambiental para que intensifiquen las inspecciones por ruidos", entre otras, según ha detallado.