Rechazo frontal al campamento para 1.200 inmigrantes en Granada

La intención del Gobierno de crear una gran instalación temporal para la atención humanitaria de inmigrantes en unos terrenos de la Base Aérea de Armilla, en el área metropolitana de Granada, ha generado el rechazo social e institucional de los afectados. Este campamento se ubicaría en unos terrenos cuyo titular es el ministerio de Defensa, que los ha cedido al de Inclusión, y se encuentran en el término municipal de Alhendín y a tan sólo tres metros del de Armilla.

Los ayuntamientos de ambos municipios, gobernados por signos políticos distintos, han mostrado su oposición frontal al proyecto y en el caso de Alhendín han recurrido a la legislación urbanística para frenarlo. También los vecinos que han comenzado a movilizarse para detener los planes del Gobierno de Pedro Sánchez, que ya ha dado los pasos para que la empresa Tragsa arranque estos trabajos de "emergencia" para realizar un campamento para 1.200 personas.

La alcaldesa socialista de Armilla se opone

Por un lado, este jueves, se ha pronunciado la alcaldesa de Armilla (Granada), Loli Cañavate, del PSOE, alertando que la instalación puede "saturar y a colapsar todos los servicios públicos" dadas las características de los municipios del entorno. La regidora ha insistido que Armilla es un "municipio solidario como ha demostrado en muchas ocasiones" atendiendo a "un número proporcionado (de inmigrantes) en función" de su población (25.000 habitantes), como puede ser "la acogida de 80 o de 90 personas".

Pero en cuanto al "centro que se pretende por el Gobierno de España" que supera las mil personas de acogida, desde el consistorio armillero se entiende que no tiene una "ubicación idónea" en tanto en el "entorno en que se pretende ubicar", por las "características de los municipios" que lo componen y por el "volumen que se pretende en esa acogida, que vendría a saturar y a colapsar todos los servicios públicos", como los sanitarios, educativos o seguridad, según ha señalado a ESdiario.

Alhendín pasa a la acción

En el caso del Ayuntamiento de Alhendín, uno de los municipios por donde se extienden estos terrenos, conocidos como Colonia Dávila, ya mostraba este miércoles su oposición a "cualquier construcción que se pretenda llevar a cabo en la parte del término municipal que se incluye en la base aérea al no estar permitida en la normativa urbanística", y ha celebrado este jueves un pleno extraordinario al respecto.

En la sesión se ha aprobado con el apoyo del gobierno local del PP y del grupo municipal de Vox y la abstención del PSOE, paralizar cualquier intervención que se promueva en los terrenos del término municipal incluidos en la Base Aérea, donde la empresa Tragsa le ha notificado hace dos días al Consistorio el inicio de obras para desarrollar un campamento de atención a migrantes llegados a las costas españolas.

El alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez, ha opinado que la intervención que se pretende ejecutar es un "atropello" a las normas urbanísticas y que se tiene que parar "de forma legal". De hecho, en la sesión, se ha acordado la suspensión de cualquier acto promovido por la Administración del Estado en esta parcela respecto al "comienzo de obra de emergencia" y se faculta al alcalde para el ejercicio de las acciones judiciales administrativas y/o penales pertinentes en defensa de los intereses del Ayuntamiento.

El Gobierno notificó hace dos días

La Corporación Municipal de este pueblo de unos 10.000 habitantes, se ha reunido de carácter extraordinario dos días después de la notificación recibida por el Ayuntamiento a través del registro municipal por parte de la empresa en dos fases, la primera para la adecuación de la parcela y la segunda para "un campamento 1.200 en atención a las personas migrantes".

De este modo, el pleno ha manifestado su disconformidad respecto a los actos que pretende promover la Administración del Estado, al resultar estos actos "disconformes" con la ordenación urbanística en vigor conforme a lo informado por el Arquitecto Técnico Municipal.

En este documento se precisa que los terrenos en los que se pretende actuar, según la comunicación recibida, "son de naturaleza rústica, no contando con instrumento de ordenación urbanística que posibilite obra, dotación o implantación alguna".

Además, se entiende que la comunicación recibida "no se ajusta al procedimiento establecido" al no haberse remitido al Consistorio el proyecto de los actos que promueve la Administración del Estado, según se recoge en la propuesta de acuerdo aprobada por el pleno. Este acuerdo plenario será remitido a la empresa Tragsa y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como promotor del proyecto.

Alhendín unido

El alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez, ha sido muy crítico con el proyecto que califica de "atropello" y ha evidenciando la falta de transparencia por parte del Gobierno: "Cualquier vecino a la hora de hacer una obra tiene que aportar un proyecto, solicitar una licencia y pagar unas tasas y, si además es en suelo rústico, debe presentar un plan especial o un proyecto de actuación, que debe tutelar la Junta de Andalucía y aprobar el pleno municipal. Pues todo esto se lo ha saltado el Gobierno de Pedro Sánchez a la torera, además en un tono desleal", ha afirmado el alcalde.

Rodríguez ha incidido en que el Gobierno local cuenta con el apoyo de "todos los vecinos", no solo por el hecho de "vulnerar la normativa urbanística", sino porque lo que pretende hacer el Gobierno de España "no es el sitio idóneo" para desarrollarlo. El regidor considera que "sobredimensiona" el término municipal de Alhendín y que no está dispuesto "a aceptar de ninguna manera".

Tampoco en el pueblo vecino de Ogíjares gusta el proyecto, ni en el partido de Vox en Andalucía, que va a intentar frenar la instalación del campamento a través de una proposición no de ley que llevará al pleno del Parlamento andaluz.

Aunque el proyecto parece ir con celeridad, ya que el propio subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha señalado que este tipo de instalaciones "son absolutamente necesarias y por supuesto son urgentes" pues es una cuestión de "derechos humanos". Aunque también ha reconocido que se están estudiando "cuestiones jurídicas" desde un punto de vista técnico pues "no se van a hacer unas instalaciones de estas características donde no se pueden hacer".