El Ayuntamiento de Armilla del PSOE planta cara al campamento de inmigrantes

El Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado un auténtico polvorín en Granada, donde tiene previsto construir un gran campamento temporal con capacidad para atender a unos 1.200 inmigrantes que llegan a las costas españolas en los terrenos de la Base Aérea de Armilla.

La noticia ha pillado por sorpresa a los vecinos y a los ayuntamientos afectados, que son varios. Y es que la instalación se desarrollaría en dos parcelas de 105.000 metros cuadrados de superficie de la base militar de Armilla, pero pertenecen al término municipal de Alhendín. Este último municipio aprobó la semana pasada una declaración institucional de rechazo al campamento y apuntó a la ilegalidad urbanística de este proyecto.

Ahora sigue sus pasos el Ayuntamiento de Armilla, gobernado por el PSOE, que también impulsa a través del pleno su negativa al campamento. Todos los partidos de la corporación local: PSOE, PP, IU y Vox, han apoyado la declaración para frenar el plan del Gobierno de Sánchez y alegan principalmente que el proyecto propuesto por la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa) "carece de la documentación técnica necesaria y no cuenta con los permisos pertinentes para llevar a cabo la obra".

Pero al margen de los problemas legales para desarrollar estos suelos, lo que verdaderamente preocupa en las localidades del área metropolitana de Granada son "la falta de condiciones adecuadas de habitabilidad y acceso a servicios básicos para los residentes, así como el impacto negativo en la calidad de la atención sanitaria y la seguridad ciudadana de los vecinos".

La alcaldesa socialista presiona al Gobierno

Además de los problemas urbanísticos y sociales, en el texto aprobado se hace hincapié en "la falta de información proporcionada a la ciudadanía y en la creación de una Asociación Vecinal Base Aérea, representante de los vecinos afectados, como respuesta a la incertidumbre generada en la comunidad". Se da la circunstancia que este grupo de vecinos ya organizaron una manifestación multitudinaria el pasado sábado, mostrando su rechazo frontal al campamento.

La alcaldesa de Armilla, Dolores Cañavate (PSOE), ha solicitado que se busquen alternativas que resuelvan el problema humanitario de manera más adecuada y sostenible. "El PSOE es un partido solidario, pero antes está la defensa de los derechos de nuestros vecinos y vecinas", ha indicado.

A continuación ha detallado las gestiones realizadas desde que tuvo noticias de las operaciones de la empresa pública Tragsa, las cuales han dado sus frutos hasta el punto, ha indicado la alcaldesa, que el subdelegado del Gobierno ha reconocido hoy que las operaciones sobre el terreno se han detenido gracias a las informaciones aportadas por el Ayuntamiento de Armilla.

La oposición rema en la misma dirección

El punto de vista de la alcaldesa lo comparten también desde el resto de partidos, tanto es así que los dos extremos, IU y Vox, coinciden en rechazar el campamento. Por su parte, M. Angustias Maroto, portavoz de Izquierda Unida, ha señalado que apoyan esta declaración "porque con este macroproyecto no se atiende a las personas inmigrantes como se merecen y hacerlo en estas condiciones supone crear guetos y apartar a estas personas de una vida digna".

Gustavo de Castro, portavoz del grupo municipal de Vox, ha criticado "la manera en que llegan aquí los inmigrantes". "Con su acogida, estamos fomentando las mafias que traen aquí a estas personas y estamos generando un problema dando cabida en nuestra tierra a personas que no pueden trabajar y que generan inseguridad a los ciudadanos", ha dicho.

En su turno, el representante del grupo municipal del Partido Popular, Antonio Membrilla, se ha congratulado por el consenso generado por esta declaración para "solucionar un problema que es de todos".