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La solución para el Campo de Gibraltar: tener sus propias reglas fiscales

El Gobierno andaluz plantea establecer un estatuto fiscal similar al que se aplica en las islas Canarias, Ceuta o Melilla para que los municipios andaluces puedan competir con el Peñón.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el consejero Antonio Sanz, y la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

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La reunión celebrada en Madrid entre el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, junto con varios alcaldes del Campo de Gibraltar y la Junta de Andalucía para conocer la situación en que se encuentra la negociación entre Bruselas y Reino Unido para determinar la situación del Peñón con la UE tras el 'brexit' ha dejado una posible solución sobre la mesa.

El Gobierno andaluz plantea una propuesta concreta que ya se aplica en otros territorios españoles como las islas Canarias o Ceuta y Melilla y que consiste en establecer un estatuto fiscal propio para el Campo de Gibraltar. Así lo ha manifestado el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, que ha destacado que el acuerdo "tiene que impulsar económica y socialmente al Campo Gibraltar y tiene que reducir la brecha social, económica y fiscal entre Gibraltar y la comarca, tiene que reequilibrar los territorios, tiene que reducir diferencias de renta, que son escandalosas entre una zona y otra".

El consejero ha advertido de que "es imposible" que si se suprime la Verja y se abre a la libre circulación de personas y mercancías como se prevé, el Campo de Gibraltar pueda "competir en igual de condiciones cuando Gibraltar tiene un 10% de impuesto de sociedades y España tiene un 25%".

Andalucía reclama participar

El Gobierno andaluz ha tenido la oportunidad de trasladar al ministro las posibles soluciones en un territorio donde la situación y normas que rigen la colonia inglesa chocan con una realidad muy distinta en los pueblos andaluces que rodean 'la Roca'. Por ello, la Junta pide la incorporación del Gobierno autonómico a la negociación en curso y apela al Estatuto de Autonomía.

Concretamente, Sanz ha enmarcado su petición en el artículo 240 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, "que es una ley orgánica que, por tanto, debe ser cumplida, en el cual se nos otorga capacidad para poder participar en las negociaciones en relación con cuestiones que nos afecten directamente", como es la cuestión medioambiental, entre otras.

"Cuesta trabajo pensar por qué Gibraltar, que no es un Estado soberano, participa en las negociaciones invitado por su Gobierno y el Gobierno de España no invita a la Junta de Andalucía a participar, cosa que sí ocurría en etapas anteriores", ha incidido Sanz.

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