La antigua cúpula de UGT pone un pie en prisión tras el mazazo de Anticorrupción
El fiscal no rebaja en su petición ni un día de cárcel a los acusados del sindicato por el fraude en los cursos de formación y le piden indemnizar a la Junta por los 40 millones desviados.
El exsecretario general del sindicato UGT en Andalucía Francisco Fernández Sevilla.
La antigua cúpula del sindicato de UGT en Andalucía tienen por delante un panorama desalentador tras escuchar a la Fiscalía Anticorrupción después del juicio celebrado por el presunto fraude de subvenciones públicas. Y es que en llegan el momento de las conclusiones y el ministerio fiscal no rebaja ni un día la petición de penas de cárcel para los imputados.
Anticorrupción ha ratificado ante la Audiencia de Sevilla su petición de siete años de cárcel y 50 millones de euros de multa para cada uno de los cinco ex altos cargos de la UGT Andalucía sometidos a juicio desde finales del pasado mes de enero: el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; y el consejero delegado de la entidad satélite del sindicato Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea.
Con relación a todos ellos, el fiscal Fernando Soto ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, confirmando su petición de condena de siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para cada uno de ellos. Además, solicita que se les imponga el pago de una indemnización, conjunta y solidaria, de 40,7 millones de euros -que es la cantidad supuestamente defraudada- a la Junta de Andalucía, y a la responsable del departamento de Compras el pago adicional de 4,2 millones de euros.
El fiscal también ha ratificado su petición de tres años de prisión y multas de 3.650 euros respecto a la decena de empresarios que fueron proveedores de UGT-A, con petición del pago de indemnizaciones comprendidas entre los 638 euros y el millón de euros.
Un fraude institucionalizado
No hay marcha atrás para los que manejaban el sindicato, ya que cabe recordar que el fiscal Fernando Soto consideraba que UGT "solicitaba que sus proveedores falseasen las facturas para engañar a la Junta"; creando todo un "sistema" de con el que "institucionalizó el fraude y lo pacto con sus proveedores".
A los citados exresponsables del sindicato se les acusa, al detalle, de haber orquestado con determinados proveedores de la organización un sistema de facturas fraudulentas o "falsas" con cargo a las subvenciones autonómicas para cursos de formación, gracias al cual UGT-A cosechaba un "bote" económico con el cual sufragar gastos no imputables a las ayudas.
Más al detalle, la investigación sostiene que de común acuerdo entre las partes, los proveedores acusados habrían inflado las citadas facturas imputadas a programas de cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía, para generar ese saldo a favor de UGT-A fruto de la diferencia entre el gasto planteado a la Administración andaluza y el coste real de los productos o servicios contratados.
