La Junta detiene las puertas giratorias con la ley más exigente del país
El Gobierno andaluz ha modificado la Ley de Incompatibilidades para los altos cargos tras la brecha detectada y endurece los criterios para pasar de la esfera pública a la privada.
El consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto, junto al portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco.
Una de las prácticas que reciben el mayor rechazo de los ciudadanos son esas 'puertas giratorias' que utilizan algunos políticos al pasar de la esfera pública a la privada. Aunque están en su derecho de continuar su vida laboral, hay ocasiones en que esos fichajes en la empresa privada se derivan de una relación política previa y aquí es donde la ley y la ética ponen los límites.
En el caso de Andalucía estos actos están regulados a través de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta que data de 2005, sin embargo recientemente se ha detectado una "brecha en el sistema" con el caso concreto del exviceconsejero de Salud y Consumo y exgerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, que había decidido fichar como directivo de una compañía sanitaria privada. El Gobierno andaluz ha decidido poner fin a situaciones como esta y cierra la grieta con la modificación tanto de esta ley como de la de Transparencia Pública de Andalucía.
Con este cambio en la normativa se regula de la manera "más exigente que existe en España" el procedimiento que debe seguir un exalto cargo durante los dos años posteriores a su cese en el caso de que vuelva a ejercer tras el mismo una actividad privada, según ha explicado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.
"Nos dimos cuenta que las normas de otra época, de otro momento social y político, no tenían viabilidad, no eran eficaces en el contexto en el que estamos", ha indicado el consejero, quien ha señalado que, por ello, se ha decidido hacer una "modificación puntual y quirúrgica" en la norma. Aunque esta ha sido una medida urgente, desde la Junta seguirán trabajando el proyecto de ley.
El control más exigente de España para los exaltos cargos
El decreto ley aprobado prevé que, durante los dos años siguientes a su cese, los altos cargos no podrán realizar actividades ni prestar servicios en entidades privadas (incluidas las que pertenezcan al mismo grupo societario) relacionadas con expedientes sobre los cuales hubiesen dictado resolución en el ejercicio del cargo.
Entre otros cambios, otro de los más relevantes es que, durante los dos años tras el cese tampoco podrán firmar, ni por sí mismas ni a través de entidades participadas por ellas directa o indirectamente en más del 10%, contratos administrativos o privados de cualquier naturaleza con la Junta y sus entidades dependientes, en las que hubieran prestado servicios, siempre que guarden relación directa con las funciones ejercidas.
