Pumpido abre camino al 'indulto' a la mayor corrupción socialista de la historia

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez, por un delito de prevaricación en el denominado 'caso ERE', ha sido un mazazo para la comunidad.

Andalucía sufrió el mayor causa de corrupción de la historia de la democracia por el sistema fraudulento de ayudas que implantaron en la Junta los exdirigentes socialistas, con el que expoliaron 679 millones de euros de las arcas públicas. Un caso juzgado y sentenciado por dos tribunales: la Audiencia de Sevilla (2019) y el Supremo (2022), pero ahora la mayoría progresista del TC, presidido por Cándido Conde-Pumpido, ha apoyado la ponencia de la magistrada Inmaculada Moltalbán y se ha impuesto para eximir de cualquier responsabilidad a Álvarez.

Una decisión que, aunque no ha sido tomada por unanimidad de los magistrados (siete votos a favor y cuatro en contra), abre las puertas al resto de los condenados que también han presentado un recurso contra la sentencia principal de los ERE, entre ellos los expresidentes socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chaves. En el caso de Griñán pesa sobre él una condena a prisión por sumar el delito de malversación, pero Chaves se encuentra en una situación similar a la exministra, ya que también fue condenado en la pieza política a 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, la misma pena que recibió el exvicepresidente de la Junta, Gaspar Zarrías.

Desde ESdiario nos adelantamos hace meses a la maniobra que se urdía para 'librar' a los exdirigentes del PSOE del caso ERE sin necesidad de que el Gobierno se tuviera que 'manchar las manos' al acudir a la concesión del indulto.

El TC era el órgano perfecto para ello, donde se imponen los magistrados a fines al Gobierno de Sánchez, como el exministro José Carlos Campos o el propio presidente del TC Conde-Pumpido, un jurista que se opuso cuando estuvo en el Supremo a la imputación del expresidente del Gobierno Felipe González por el 'caso GAL', fue fiscal general con Zapatero y defendió la negociación con ETA, entre otros asuntos.

Sánchez adelantó la decisión del TC en un mitin

La decisión de anular sentencias dictadas por el 'caso de los ERE' supone rectificar por primera vez desde que el Tribunal Constitucional entró en funcionamiento al Tribunal Supremo en la interpretación de un elemento recogido en la descripción objetiva de la conducta delictiva. Igual de insólito que un presidente del Gobierno, en este caso Pedro Sánchez, diera claras señales de conocer la decisión del Tribunal antes de su pronunciamiento. Y es que el líder del PSOE ovacionó a la exministra Álvarez y la colocó como una víctima del "vil ataque" de la derecha en un mitin celebrado en Benalmádena (Málaga) durante la campaña de las elecciones europeas, cuando hasta ese momento era una de las condenadas por corrupción.

Sobre este asunto, ha mostrado su enorme "preocupación" el Partido Popular, al considerar que puede ser un "atentado a la independencia de la justicia", tal y como ha expresado el portavoz del PP-A en el Parlamento, Toni Martín, que ha trasladado "la inquietud" existente por la intromisión en los órganos judiciales del Gobierno de Sánchez.