Caso ERE
El TC y la exministra Álvarez dan alas al PSOE para convertir la corrupción en "cacería del PP"
Esta semana el Constitucional podrían librar del delito de malversación varios condenados por el caso ERE, siguiendo los pasos de Álvarez con la prevaricación para convertirse en víctimas
La situación de los principales responsables políticos del mayor caso de corrupción de la historia podría cambiar de manera radical este mes de julio y el PSOE se prepara para convertirse en víctima y que la corrupción del caso ERE se vea ante la ciudadanía como una "cacería" política que urdió el PP contra los socialistas.
Así puede cambiar la historia gracias a la intervención del Tribunal Constitucional (TC), que ya ha librado a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez del delito de prevaricación, por el que fue condenada por la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo, y esta semana se dispone a hacer lo mismo con el delito de malversación que pesa sobre otros condenados. Así que el PSOE prepara el terreno y utiliza una entrevista de Álvarez para atacar sin pudor a los 'populares' y al presidente de la Junta Juanma Moreno.
El TC estudiará a partir del martes los recursos que presentaron cinco excargos de la Junta que fueron condenados por el uso fraudulento de subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Lo previsible es que la mayoría progresista del Pleno apruebe las ponencias de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán sobre los recursos del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, del exconsejero de Justicia y Administración Pública Jesús María Rodríguez Román, y del ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.
Andalucía
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Según anunció el propio Constitucional, no será hasta el 16 de julio que el Pleno estudie los recursos de los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves contra la sentencia de los ERE por la que se les condenó a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación y 9 años de inhabilitación por prevaricación, respectivamente.