Cae la malversación y con ella las posibilidades de recuperar el dinero de los ERE

El Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha sido el foco de fuertes acusaciones y advertencias por parte del PSOE que le da la vuelta al caso de corrupción de los ERE y lo ha convertido en "una cacería política del Partido Popular", después de exonerar el Tribunal Constitucional de los delitos de prevaricación y malversación a varios de los condenados por la Audiencia y el Supremo.

Una acusación de "montaje" que ha negado tanto el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, como la consejera de Economía, Carolina España, que han mostrado su preocupación por otro aspecto al que afecta el fallo del TC como es recuperar los 679 millones que se desviaron en ayudas sin control, según rezaba la sentencia inicial. Al respecto, España ha explicado que si se retira la malversación "se corre el riesgo" de no poder recuperar el dinero público que se destinaron a otros fines a los previstos.

"Desde el Partido Socialista se está intentando trasladar que esto ha sido o que fue una cacería política del Partido Popular, y eso no es cierto, nada más lejos de la realidad", ha dicho la consejera a los periodistas en Jaén, que ha recordado que ha habido 18 jueces que dictaron en su momento dos sentencias, una de la Audiencia Provincial de Sevilla y otra del Tribunal Supremo, en donde "se deja claro" que "había un proceso estructurado para dar ayudas sociolaborales sin control" y por lo tanto "no tiene nada que ver el Partido Popular, son sentencias de los jueces" porque "se daban ayudas sociolaborales en servilletas de bar y los dineros se utilizaron, bueno, para drogas y para otras cuestiones".

España ha puntualizado que el Constitucional es un tribunal de garantía que no absuelve y por lo tanto "ahora habrá que esperar a la sentencia que dicte de nuevo tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo". A ello se unen las palabras del consejero Sanz que ha pedido al PSOE que deje de insultar al Supremo que fue el que ratificó las condenas para 21 exdirigentes socialistas.