El Gobierno de Moreno formaliza el recurso contra la Ley de Amnistía y prepara tres 'vetos' en el TC
El recurso de inconstitucionalidad ya es firme por parte de la Junta de Andalucía, pero además pone el foco en tres magistrados del Tribunal Constitucional para evitar que intervengan para garantizar la imparcialidad.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este lunes en Lucena (Córdoba) en la inauguración de una nueva sede judicial. EUROPA PRESS
El lunes ha arrancado con batalla judicial del Gobierno andaluz que dirige Juanma Moreno contra la denominada Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 30 de mayo de 2024. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde en una reunión extraordinaria a la formalización de un recurso de inconstitucionalidad contra la citada ley, pero además quiere garantizar la imparcialidad en el Tribunal Constitucional (TC).
Moreno ha anunciado el citado recurso porque considera que la ley es un "atropello a la igualdad de los españoles", pero además su Ejecutivo se pone en marcha para evitar la 'contaminación' en la corte de garantías y para ello ha aprobado instar al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía a formalizar la recusación de tres magistrados del TC. Se trata, en concreto, del presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido; y de los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díaz Bueso.
La Junta quiere que se garantice la independencia del TC
Sobre las recusaciones de Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díaz Bueso que solicita la Junta, argumenta que el presidente del TC "debe ser recusado para garantizar preventivamente el derecho con todas las garantías para quienes son parte o se ven afectados por el contenido de las resoluciones y para reforzar la apariencia y confianza en la imparcialidad del Tribunal en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas en defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos".
En los casos de los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díaz Bueso, la Junta de Andalucía señala que "ambos han ocupado cargos públicos del actual Gobierno e intervinieron en la formación de criterio para la deliberación y aprobación de los argumentos que motivaron los indultos parciales y en la fijación de criterio del Ministerio sobre la constitucionalidad tanto de estos indultos como de la propia ley".