La Junta pone fecha a la Ley andaluza de Vivienda que ofertará 20.000 VPO en alquiler
El presidente andaluz ofrece "diálogo" al Gobierno para solucionar el problema de la vivienda en la comunidad, mientras Sánchez empaña las relaciones.
El problema del acceso a la vivienda preocupa a los líderes políticos pero de manera muy diferente como ha sucedido este mismo lunes. Desde Andalucía, Juanma Moreno, ha ofrecido al Gobierno central "diálogo" para dar respuesta a la fuerte demanda existente, aprovechando la visita a Málaga de la ministra de ramo, Isabel Rodríguez. En contraposición, el presidente Sánchez, que ha reunido este lunes al grupo socialista, ha preferido utilizar el asunto para meter cizaña, acusando al PP de "boicotear" sus medidas.
Dos formas muy diferentes de hacer política, más aún teniendo en cuenta que el presidente de la Junta también ha anunciado un plan concreto para atajar el problema, ya que sólo en esta comunidad la demanda se se ha cifrado por el Banco de España en unas 90.000 viviendas. Por ello, ha informado que el Consejo de Gobierno aprobará en el primer semestre de 2025 la nueva Ley andaluza de Vivienda, con la que pretenden equilibrar la oferta en venta y alquiler, defendiendo la residencia habitual y permanente. Según Moreno, la futura ley incorpora un plan de choque para poner en alquiler 20.000 viviendas de VPO.
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La Ley de Vivienda permitirá eliminar trabas burocráticas para agilizar los desarrollos urbanísticos y generar suelo a precio asequible, ha explicado Moreno, invitando a, entre todos, Gobierno central, Junta de Andalucía, diputaciones y ayuntamientos, se encuentren soluciones y se quiten "obstáculos a este sector que quiere crecer, que debe de crecer y que estoy seguro que va a crecer en los próximos años".
Casi al mismo tiempo, el jefe del Gobierno ha echado 'balones fuera' apuntando las competencias autonómicas en vivienda y ha caldeado el asunto, al pedir al PP durante la reunión de la interparlamentaria socialista, que deje de "boicotear" las políticas de vivienda desplegadas desde el Ejecutivo central y que "arrime el hombro" en las comunidades.