La Junta tacha de "barbaridad jurídica" la decisión del TC pero confía en los avales a su recurso
Según el consejero andaluz, la estrategia del Constitucional busca dilatar la tramitación de los recursos presentados por 16 comunidades autónomas contra la Ley de Amnistía.
El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, este lunes en Cádiz.
La decisión del Tribunal Constitucional de poner el foco en la legitimidad que tienen o no las comunidades autónomas para recurrir la Ley de Amnistía, en lugar de atender a los argumentos que exponen, ha hecho estallar a uno de los afectados: la Junta de Andalucía. El nuevo giro del TC, que encargará un estudio para determinar la viabilidad de los recursos presentados por 16 comunidades, ha sido recibido con sorpresa por el Gobierno andaluz, que lo ha tachado de "barbaridad jurídica".
Al respecto se ha pronunciado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz (PP-A), apuntando que, a su juicio, se trata de una "estrategia dilatoria" por la que se habría decantado el Constitucional en relación a dejar en suspenso los recursos que han interpuesto 15 comunidades gobernadas por el PP y una, Castilla-La Mancha, por el socialista Emiliano García-Page.
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Sanz ha llamado la atención sobre esta decisión de la que "prácticamente" no hay precedentes de "poner en duda la legitimación de las comunidades autónomas para presentar un recurso que claramente nos afecta".
La Junta confía en las bases del recurso
A pesar de que se complica la batalla judicial contra la Ambistía, desde la Junta confían en la contundencia de su recurso. Al respecto el consejero ha defendido que "tiene bases jurídicas", de forma que "está avalado por no sólo por el dictamen del Gabinete Jurídico" del Gobierno andaluz, sino que también cuenta con "el posicionamiento favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, órgano independiente desde el punto de vista jurídico y de máxima relevancia desde el punto de vista jurídico en Andalucía", según ha subrayado.
Además, el recurso de la Junta "está avalado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", según ha continuado razonando Antonio Sanz antes de añadir que, por ello, la decisión del TC acerca de los recursos autonómicos contra la ley de amnistía es "absolutamente contradictoria" y "tiene tufo de un interés político", para "paralizar o ralentizar un posicionamiento" de la corte de garantías.