La Faffe vuelve a los juzgados con uno de los casos de enchufismo más sangrantes del PSOE
Después de condenar al exdirector por pagar en prostíbulos con tarjetas de la Faffe, ahora la Audiencia lo sienta en el banquillo por la colocación del exalcalde de Lebrija, también investigado por el juez.
El exdirector técnico de la fundación (Faffe) Fernando José Villén, a la salida de la Audiencia de Sevilla en junio.
Arranca la semana de manera complicada para el PSOE, que se ve salpicado en un nuevo capítulo judicial de corrupción que pone el foco en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). La Audiencia de Sevilla tiene previsto iniciar este jueves un nuevo juicio contra el exdirector de la Faffe, Fernándo Villén, que fue condenado hace ahora un año por este mismo tribunal a seis años de cárcel por un delito continuado de malversación en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial en concepto de inductor, por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad pública, perteneciente a la Junta de Andalucía.
Se trata de uno de los casos más sangrantes de corrupción en el uso del dinero público, sin olvidar que esta Fundación se investiga por las contrataciones irregulares que se realizaron durante la etapa de los gobiernos socialistas en la Junta. Sobre ello versa este nuevo juicio en el que se imputa a Villén y al exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, por presuntos delitos de prevaricación y malversación derivados de la contratación "injusta y arbitraria" del citado ex primer edil en la Faffe.
Al respecto, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, exponía en su auto que de las diligencias se desprende la existencia de indicios de criminalidad, ya que señala que la contratación del exalcalde en la Faffe se realizó de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola "afinidad y vinculación personal y política" entre ambos.
Sin aptitudes consiguió un puesto fijo muy bien remunerado
Concretamente, el juez relataba que después de que Antonio Torres perdiese la Alcaldía de Lebrija en las elecciones municipales de 2003 tras 24 años en el poder, habría solicitado a Villén su "colocación en la Faffe", a lo que este accedió "promoviendo en su favor un novedoso cargo directivo, inexistente en realidad, que diera satisfacción a las condiciones de contratación indefinida y salario solicitadas" por el ya exalcalde socialista de Lebrija.
Todo ello, pese a que Torres García "carecía de formación y aptitudes para asumir funciones correspondientes a dicho nivel profesional" de directivo.
Así, y según el juez instructor, el exalcalde de Lebrija "fue contratado el 1 de julio de 2003 con un contrato de duración temporal, prorrogado y convertido en indefinido con fecha de efectos 1 de diciembre de 2004, como directivo, con una retribución total de 46.750 euros anuales, encontrándose de alta como empleado en la Faffe hasta la extinción de ésta y su integración en mayo de 2011 en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)".
Un puesto 'inventado' al que ni siquiera acudía
A ello se suma, según precisaba el juez en el auto, que el organigrama administrativo de la Faffe "no contemplaba puesto directivo alguno al que pudiera acceder" el exalcalde investigado, por lo que el otro encausado "vino a crear uno 'ad hoc' que denominó Dirección de Relaciones Externas", un departamento que "era en realidad inexistente, de modo que carecía de estructura, funciones y contenido efectivo; sin sede física, ni oficinas, ni despachos, ni personal adscrito".
De hecho, el juez avisa de que el exalcalde "ni tan siquiera acudía a la sede de la fundación, ni desempeñaba trabajo alguno (era desconocido por otros trabajadores y directivos), aunque se procuró tarjetas de visita o presentación", de forma que "la escasa actividad realizada, limitada a puntuales contactos con algún político o autoridad", la llevó a cabo "siempre" desde su domicilio "y con medios propios, ordenador y cuenta de correo electrónico genérica y gratuita".
Merced a tales presuntos hechos, la Fiscalía reclama para Fernando Villén cuatro años de prisión por un presunto delito de malversación y diez años de inhabilitación especial por un posible delito de prevaricación; mientras para el exalcalde de Lebrija reclama dos años y medio de prisión por malversación y cuatro años de inhabilitación por supuesta prevaricación.