Indignación por el tercer grado para el etarra Iragui, condenado por tres asesinatos en Andalucía

Las concesiones penitenciarias de terceros grados otorgadas este pasado lunes a dos miembros de ETA ha provocado la indignación del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite. Se trata de las concesiones a Luis Mariñelarena Garciandía, condenado por participar en el atentado con coche bomba que asesinó a Fernando Buesa y a Jorge Díez Elorza, y Harriet Iragui Gurruchaga, condenado por tres asesinatos en el año 2000 en Andalucía, el de José María Martín Carpena, el de Luis Portero García y el de Antonio Muñoz Cariñanos.

Desde el colectivo consideran que "ninguno de los dos cumple con el requisito fundamental exigido por la ley para progresar en grado, que es el del arrepentimiento por sus crímenes" y ha reclamado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que "recurra estos dos últimos terceros grados para que se puedan revertir".

Según ha recordado, ambos presos de ETA "son exhibidos constantemente por la izquierda abertzale, principalmente Sare pero también por el propio Sortu, en sus manifestaciones en las que se exige su excarcelación, lo cual prueba que no están arrepentidos".

Jalean a los presos de ETA

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha incidido en que "es público y notorio que la izquierda abertzale prohíbe a los presos de ETA el arrepentimiento y la colaboración con la justicia", y sin cumplir con estos dos requisitos "no se debería poder progresar al tercer grado, puesto que así está establecido en la ley".

De este modo, ha insistido en que este pasado verano ambos presos de ETA "han sido exhibidos y jaleados" durante varias fiestas populares. "No se puede estar con Sortu y estar arrepentido", han resaltado desde Covite.

Decepción con la consejera de Justicia vasca

Además, el colectivo ha criticado que la nueva consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José, haya decidido "continuar con la política de concesiones de terceros grados a etarras que no están arrepentidos, tal y como hacía el PNV, después de haber prometido en el Parlamento Vasco que impulsaría un cambio en la política penitenciaria con los presos de ETA".

Ordóñez ha expresado su "decepción total" con la nueva consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco porque, según ha dicho, "teníamos esperanzas de que su intención de revertir esta política fraudulenta del PNV fuera sincera".

Derecho a la justicia

Asimismo, Covite ha censurado que estas "excarcelaciones encubiertas" de presos de ETA se estén produciendo ante "un silencio generalizado y atronador" y ha lamentado que "ningún partido político, ni los del Gobierno ni los de la oposición, ni ninguna asociación de víctimas están diciendo absolutamente nada de este fraude que afecta muy directamente al derecho a la justicia de las víctimas de ETA".

Por último, Covite ha reclamado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que "recurra estos dos últimos terceros grados para que se puedan revertir", dado que es la única institución que "puede y debe hacerlo en aras al derecho a la justicia de las víctimas". "Es la Fiscalía la que debe velar por nuestro derecho a la justicia en la fase de ejecución de las condenas", ha insistido.

Asimismo, ha exigido a la Consejería de Justicia y de Derechos Humanos del Gobierno vasco que "nos acrediten en qué han basado el arrepentimiento de estos dos presos de ETA a los que tan alegremente han concedido estas progresiones de grado". "Esta es la primera vez que ni siquiera se nos han pasado unas fichas con información detallada gracias a la cual Covite podía comprobar en qué basaban sus resoluciones", ha concluido.