Castilla-La Mancha tendrá nuevo Estatuto esta legislatura gracias al acuerdo entre PSOE y PP

En un movimiento político de gran relevancia, Castilla-La Mancha está en camino de actualizar su Estatuto de Autonomía. La reforma, fruto de un acuerdo histórico entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), fue registrada este lunes por el grupo socialista en el Parlamento autonómico.

 Este cambio legislativo introduce modificaciones significativas, incluida la ampliación del número máximo de parlamentarios en las Cortes regionales, que pasará de 35 a 59, lo que supone un ajuste importante para una región con 2,1 millones de habitantes, que hasta ahora tenía el mismo número de representantes (33) que La Rioja, con solo 324.000 habitantes.

Este ajuste responde a una "anomalía" en comparación con otras comunidades autónomas de similar tamaño. Por ejemplo, el País Vasco, con una población comparable, cuenta con 75 representantes en su cámara regional. La reducción a 33 parlamentarios se implementó en 2014 bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal del PP, una decisión que fue controvertida y llevó a recursos ante el Tribunal Constitucional. 

Ahora, con el cambio en el Estatuto, Castilla-La Mancha podría ver incrementado el número de diputados hasta 59, a condición de que también se modifique la ley electoral.

El Partido Popular ha puesto como condición para su apoyo a la reforma estatutaria la actualización del reglamento de las Cortes regionales, que son las únicas en España que no contemplan sesiones de control al gobierno. Según fuentes populares, “son tres patas de una misma negociación”, por lo que ahora PSOE y PP deberán acordar el número exacto de parlamentarios bajo el nuevo límite introducido en la reforma.

Desde el Gobierno de Emiliano García-Page se recuerda que esta actualización fue un compromiso electoral. Las fuentes oficiales indican que el cambio saldrá adelante, aunque queda pendiente el detalle exacto del número de parlamentarios.

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Sánchez, ha criticado duramente el acuerdo entre PSOE y PP, acusándolos de centrarse en “repartos” y “paguitas”.

 Según Sánchez, el aumento del número de diputados no es más que una maniobra para beneficiarse económicamente, y ha censurado que ambos partidos no hayan querido contar con ellos en las negociaciones. Vox, que se posiciona en contra de la autonomía, ha expresado que el nuevo Estatuto solo busca llenar los bolsillos de los políticos con el incremento de diputados de 33 a 59.

El nuevo Estatuto de Autonomía, presentado en solitario por el grupo socialista, se ha negociado durante un año de diálogo, consenso y acuerdos entre PSOE y PP. La portavoz del grupo socialista en las Cortes, Ana Isabel Abengózar, destacó que el nuevo Estatuto, después de más de cuatro décadas de vigencia del actual, es “un estatuto nuevo para un tiempo nuevo”.

Entre las novedades del nuevo Estatuto se incluye el blindaje de las políticas sociales y el reconocimiento de derechos de igualdad entre hombres y mujeres, protección frente a la violencia de género, y derechos para jóvenes, mayores, mujeres, personas con discapacidad y desfavorecidas, utilizando un lenguaje inclusivo. Además, se refuerzan los controles del Legislativo sobre el Ejecutivo con la introducción de las sesiones de control al gobierno y la figura del ‘decreto ley’.

El nuevo Estatuto también pone énfasis en favorecer el medio rural con el blindaje de servicios públicos y la lucha contra la despoblación. Introduce derechos como el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y la economía digital, y asume nuevas competencias que no estaban contempladas en el anterior, como educación, sanidad pública y servicios sociales, junto a la Agencia del Agua, inteligencia artificial y medio ambiente.

La aprobación del nuevo Estatuto se desarrollará en tres fases. 

La primera, ya completada, consistió en el diálogo entre PP y PSOE. La segunda fase, que comenzará tras la calificación de la proposición por la Mesa de las Cortes, incluirá diálogos con colectivos, entidades y asociaciones para recibir sus aportaciones. La tercera fase llevará la tramitación al Congreso de los Diputados, donde se espera lograr un amplio apoyo.

La reforma de la ley electoral y el reglamento de la cámara se hará de manera consensuada entre los dos principales partidos, mientras que no se espera el apoyo de Vox debido a su postura contraria a las autonomías y a la violencia de género.