Castilla y León rechaza la amnistía sin el voto de Tudanca cómplice de Sánchez

Las Cortes de Castilla y León han rechazado, a propuesta de PP y Vox, la amnistía a los implicados en el procés catalán para lograr la investidura de Pedro Sánchez. La votación ha sido dentro de las propuestas de resolución que PP y Vox han presentado en el Debate del Estado de la Comunidad en contra de la amnistía, y han contado con el voto en contra tanto del PSOE como de Unidas Podemos. El resto de grupos se han abstenido en la moción del PP y han apoyado la de Vox.

La moción del PP establecía que "frente a la política chantajista de los partidos independentistas y la receptividad de los partidos que integran el actual Gobierno en funciones, es necesario proclamar la urgente necesidad de recuperar la política de acuerdos de Estado entre las principales fuerzas políticas de ámbito nacional".

Este último aspecto, la referencia a partidos “de ámbito nacional”, ha molestado a grupos políticos como Soria ¡Ya! y UPL, que se han abstenido por “sentirse excluidos”, aunque han dejado claro que no apoyan ninguna amnistía.

El PP defiende recuperar la sedición y la malversación

Desde el PP además defienden “la reprobación de toda negociación política destinada a la obtención de apoyos parlamentarios para la investidura que incluya como contrapartida la concesión de una amnistía expresa o velada”, así como “de cualquier forma de indulto o beneficio judicial, que de un modo u otro busquen favorecer a las personas encausadas por el proceso ilegal de secesión perpetrado en Cataluña”.

Los populares en Castilla y León han rechazado en su moción "todas aquellas modificaciones legislativas realizadas para beneficiar a los responsables del llamado procés, tales como la eliminación del delito de sedición y la reducción de las penas por malversación".

Asimismo, el PP ve necesario recuperar el delito de sedición en el Código Penal, "mejorando y actualizando su tipificación para castigar las formas más graves de deslealtad constitucional", y llama a “restablecer la tipificación penal del delito de malversación en su formulación anterior a la reforma de 2022, adecuando en todo caso su definición y penas a los estándares europeos".