Cuatro de cada diez castellanos y leoneses sufren para llegar a fin de mes
El informe, recogido por la Agencia Ical, asegura que el 22,1 por ciento de la población de Castilla y León en 2022, que son 523.805 personas, está en riesgo de pobreza o exclusión social
El XIII Informe El Estado de la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León, correspondiente a datos de 2021, ha desvelado que cuatro de cada diez castellanos y leoneses se enfrentan a dificultades significativas para llegar a fin de mes. Además, el impacto de la inflación en los años 2022 y 2023 podría haber aumentado aún más esta cifra.
La pobreza, en cifras concretas, se manifiesta de diversas formas en la población. El informe, presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en Castilla y León (EAPN CyL), resalta que alrededor del cinco por ciento de la población, lo que equivale a unas 117.000 personas, se encuentra en situación de privación material y social.
Estos ciudadanos no tienen la capacidad de satisfacer nueve de los trece factores esenciales de la vida, como hacer frente a gastos inesperados, irse de vacaciones una semana al año, mantener una vivienda con una temperatura adecuada o incluso asegurar una dieta que incluya carne o pescado al menos cada dos días.
El informe también destaca que el 22,1 por ciento de la población de Castilla y León, que se traduce en 523.805 personas, está en riesgo de pobreza o exclusión social en 2022. Aunque esto representa una disminución de un punto porcentual con respecto al año anterior, la comunidad aún no ha logrado recuperar la situación previa a la pandemia.
Un dato particularmente preocupante es el aumento constante de la pobreza severa, que ha crecido del 6,8 al 7,2 por ciento, marcando el tercer año consecutivo de aumento. En la actualidad, en Castilla y León, hay 421.000 personas en situación de pobreza, lo que representa el 17,8 por ciento de la población total. De ellas, 170.830 están en situación de pobreza severa, lo que significa que un ciudadano que vive solo debe subsistir con menos de 530 euros al mes.
Un nuevo fenómeno: el trabajador pobre
El informe también revela un nuevo fenómeno preocupante: el "trabajador pobre". A pesar de tener empleo, el 8,6 por ciento de la población menor de 64 años en Castilla y León vive en hogares con baja intensidad de empleo. Aunque los ingresos medios anuales netos por persona son de 13.323 euros (315 más que la media nacional), la renta media por unidad familiar es de 19.117 euros, lo que supone 43 euros menos que en el conjunto de España.
La brecha social y la desigualdad también han aumentado en 2022, con el 20 por ciento de la población de mayores ingresos en Castilla y León recibiendo una renta 4,9 veces superior a la del 20 por ciento más pobre. Esto subraya la importancia de las medidas de lucha contra la pobreza implementadas por el estado y la importancia del tercer sector en la ayuda a las personas necesitadas. Sin estas medidas, la tasa de pobreza en la comunidad aumentaría significativamente, llegando al 43,8 por ciento.
A pesar de las medidas como el Ingreso Mínimo Vital, el aumento del salario mínimo y otras ayudas autonómicas, el informe destaca que aún no son suficientes para abordar eficazmente la pobreza y la exclusión social. Se estima que alrededor de 80,000 personas necesitan más apoyo para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030.
En este contexto, los expertos coinciden en la importancia de reconocer al tercer sector como un aliado estratégico en la lucha contra la pobreza. Este sector no solo proporciona servicios directos a quienes lo necesitan, sino que también puede enriquecer el diseño de políticas sociales con su experiencia y conocimiento. Además, se enfatiza la necesidad de medidas adicionales, como un reparto equitativo de la renta y una política fiscal justa y solidaria.
En el Día de Erradicación de la Pobreza, la EAPN propone una serie de medidas para combatir la pobreza y la exclusión social, que incluyen la mejora de los servicios sociales, la complementariedad entre el Ingreso Mínimo y la Renta Garantizada, políticas activas de empleo, acceso asequible a atención médica, políticas de vivienda y participación de las personas en situación de exclusión en la toma de decisiones