La Junta destina 30 millones a ayudas al alquiler que van de 375 a 800 euros

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se prepara para desembolsar casi 30 millones de euros en subvenciones al alquiler para el año 2022. Esta cifra supera en 12,5 millones la previsión inicial contemplada en el Plan de Vivienda, reflejando un esfuerzo significativo por ayudar a los ciudadanos a acceder a viviendas de alquiler en la región.

Juan Carlos Suárez-Quiñones, titular del departamento, ha enfatizado que este año ha sido particularmente complejo debido a la simultánea convocatoria del Bono Joven. No obstante, se ha comprometido a que los 14.277 beneficiarios de estas subvenciones recibirán sus pagos antes de mediados de noviembre. Suárez-Quiñones señaló que esta es la séptima vez consecutiva que se publica la resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

El incremento en la cantidad de subvenciones destinadas al alquiler es un testimonio de la creciente necesidad de apoyo en el mercado de viviendas de la región. Esto se evidencia en el hecho de que se han aceptado casi seis de cada diez solicitudes presentadas, un aumento del 14,65% en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 24.721 solicitudes, en comparación con las 21.562 del año 2021.

Requisitos de elegibilidad

Una de las mejoras notables en la resolución es la ampliación de los requisitos de elegibilidad. Ahora, estas subvenciones se destinan a mayores de edad con residencia habitual y permanente en Castilla y León, con ingresos de hasta tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Para familias numerosas y víctimas del terrorismo, el límite de ingresos se eleva a cuatro veces el IPREM, y para personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, el límite se incrementa a cinco veces el IPREM.

El monto de la renta de la vivienda que es elegible para la subvención varía según la ubicación. En algunas provincias, el rango es de 375 a 500 euros, con extensiones para ciudades más caras, como Burgos, León, Salamanca, Valladolid y Segovia, donde el mínimo es de 450 euros y el máximo de 550 euros. Además, las familias numerosas, las personas con discapacidad del 33 por ciento o más, y las familias con vulnerabilidad sobrevenida pueden recibir hasta 800 euros en subvención.

Por primera vez, también se incluye el alquiler de habitaciones, con un rango de entre 150 y 200 euros.

El porcentaje de la renta que se subvenciona también ha aumentado, pasando del 40 al 50 por ciento. Para los jóvenes menores de 36 años, esta cifra se incrementa al 60 por ciento, y en áreas rurales, se proporciona un 75 por ciento de subvención, un porcentaje igual al que reciben las personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

Una de las novedades destacadas es la posibilidad de compatibilizar estas subvenciones con el Bono Alquiler Joven, cuya gestión fue transferida por el Gobierno central a las comunidades autónomas. Esto permite a los beneficiarios recibir hasta un 40 por ciento de la diferencia entre lo recibido a través del Bono y el importe de la renta, con un límite del 75 por ciento del importe de la segunda.

En un esfuerzo por hacer que la información sea más accesible, el listado de beneficiarios no se publicará en el Bocyl, sino que estará disponible en la página web de la Junta, en las delegaciones territoriales, en el 012 y en el correo electrónico de este servicio.

Se enviará un mensaje de texto (SMS) a todos los beneficiarios para notificarles del próximo ingreso de las subvenciones.

Del total de las ayudas concedidas, alrededor de 10,000 de las 14.277 corresponden a la modalidad general, que recibe la mitad de la subvención. Además, 2.552 son jóvenes que reciben el 60 por ciento y 712 son jóvenes en áreas rurales, quienes recibirán 1.7 millones de euros en total. También, 826 beneficiarios han demostrado ser compatibles con el Bono Joven, lo que equivale a un total de 657.000 euros en subvenciones.

Suárez-Quiñones recordó que las familias no tienen que proporcionar nuevamente los datos bancarios, ya que lo hicieron durante la solicitud inicial. Esto ayudó a simplificar el proceso y unificar los requisitos administrativos. A partir de ahora, los plazos para solicitar estas ayudas serán siempre en diciembre y enero.