La Junta avisa: lo dará todo y defenderá a las empresas que llegaron de Cataluña

Los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes siguen dando de qué hablar. Y no es para menos, ya que muchas de estas cesiones afectan de manera más o menos directa o indirectamente a las otras Comunidades de nuestro país. Es el caso de la exigencia de Junts al presidente del Gobierno de permitir las multas a las empresas que se fueron de Cataluña tras el proceso independentista de 2017 y no quieran volver en un futuro a corto plazo.

Empresas que viendo el panorama salieron de Cataluña para buscar sobre todo estabilidad ante lo ocurrido y sobre todo por lo que se podría avecinar en el horizonte. En el caso de Castilla y León la Junta cifra en 138 las compañías de mayor o menor tamaño que se han asentado en la región después de estallar el proceso independentista. Empresas que, desde el propio gobierno que dirige Alfonso Fernández Mañueco, van a defender con todas sus fuerzas y con las armas jurídicas disponibles para que no salgan perjudicadas en el caso de que esta exigencia de Junts a Sánchez acabe siendo realidad.

Así lo ha aclarado este jueves el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que concretamente ha dicho que serán “muy beligerantes” defendiendo la igualdad y la libertad de estas 138 empresas que buscan un "Gobierno amable" a las inversiones: “Porque ellos decidieron venir aquí y quieren seguir aquí. No creemos que el Gobierno deba hacer nada que cree disfunciones intentando cambiar una decisión que tomaron en plena libertad”.

"Nadie debe condicionar la estancia de las empresas", ha expresado el también consejero de Economía y Hacienda, que además ha destacado que son esas propias empresas a las que más les duele tener un Gobierno en España que tome partido y enfrente unos territorios contra otros.

Para Carriedo, esta exigencia de los de Carles Puigdemont "atenta claramente contra la libertad de las empresas, contra los principios constitucionales y contra los principios constitutivos de la propia Unión Europea". Por todo ello avisa y garantiza que desde la Junta se analizarán "todo tipo de acciones" porque "los ciudadanos y las empresas de Castilla y León tienen menos derechos que los de otras comunidades autónomas".