La Junta recurrirá la sentencia que obliga a cerrar la pista de Navacerrada

Este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León emitía el fallo al recurso presentado por la Abogacía del Estado en el conflicto existente entre el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León en relación con la estación de esquí de Navacerrada en la provincia de Segovia. Durante el 2021 la empresa concesionaria de la misma solicitó por una parte la renovación de su concesión y por otra que tal concesión se interrumpiera mientras duraran las medidas por la pandemia.

Fue entonces cuando el organismo Parques Nacionales -dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica- requirió a la Junta de Castilla y León para que fuera ella quien declarara la caducidad del título de concesión a pesar de que es asunto de gestión nacional. De hecho el Ministerio había otorgado dicha concesión 25 años antes. El Gobierno regional declaró su falta de competencia para resolver las solicitudes de la empresa concesionaria y de Parques Nacionales al ser, como hemos explicado, competencia del Estado.

Por este motivo la Abogacía del Estado presentó una denuncia que ahora ha estimado parcialmente y la sentencia establece que la Junta es competente para declarar la caducidad de la concesión, por lo que le obliga a la retirada de las instalaciones y la restauración de la zona, así como la liquidación de la indemnización si procede. Y es que, el ministerio de Teresa Ribera lleva persiguiendo desde hace tiempo el cierre de estas pistas argumentando el impacto ambiental negativo que tiene sobre la zona.

Tras el auto, la consejería de Medio Ambiente que encabeza Juan Carlos Suárez-Quiñones ha anunciado que recurrirán. En una nota de prensa explican que “de las más de 30 zonas de pistas de esquí existentes en España, el organismo autónomo Parques Nacionales ha buscado el cierre de las ubicadas en Navacerrada, sin causa medioambiental ni social que lo justifique”. Desde la Junta defienden su postura asegurando que “durante la vida de la concesión y con la estación de esquí en funcionamiento han existido figuras de protección y se han aprobado instrumentos normativos de gestión” para que la estación sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

“Ni uno solo de todos esos instrumentos prohíbe la práctica del esquí ni la existencia en sí de la estación, que existe desde hace casi 90 años, y no han impedido que el entorno haya podido reunir las condiciones para poder ser declarado Parque Natural primero, su entorno Nacional después, e incorporarse a la Red Natura 2000 y a la Red de Reservas de la Biosfera”, explican desde el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en ese comunicado.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha expresado que estudiarán la sentencia a fondo y que "van a defender claramente los intereses de Castilla y León y de sus población". Y es que es evidente la importancia económica desde el punto de vista turístico y empresarial de esta infraestructura para la zona de Segovia en la que se ubican las pistas. Decisión apoyada por el Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid con el que comparten esta cadena montañosa y cuyo consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, ha mostrado también su enfado por esta decisión: “Es un revés, además de ser un problema que ha generado el Gobierno y el Ministerio sobre una actividad compatible con el entorno, una actividad mítica que genera puestos de trabajo”.