El PP exige al Gobierno en el Senado retirar la protección al lobo
Solo el año pasado los lobos mataron en la región más de 5.500 cabezas de ganado. El PP y los ganaderos quieren controlar la población-
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha intensificado su llamado al Gobierno de España para que tome medidas inmediatas y retire al lobo ibérico del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).
García, respaldada por su partido, ha registrado una moción en el Senado instando a convocar a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con el objetivo de examinar detenidamente los informes científicos pertinentes sobre el tema.
La iniciativa busca priorizar a las comunidades autónomas más afectadas y a los sectores involucrados en un esfuerzo por alcanzar un consenso durante la Conferencia Sectorial de Medioambiente. El propósito final es la elaboración de un Plan de Gestión del Lobo que equilibre la conservación de la especie con la protección de los intereses de los ganaderos.
En Castilla y León el año pasado los lobos mataron más de 5.500 reses, un nuevo récord. El 30% de esos ataques se registraron en Ávila
Según Alicia García, la inclusión del lobo en el Lespre en 2021 fue un acto de rendición a los intereses de los ecologistas radicales, en detrimento de las comunidades afectadas y los ganaderos. La senadora del Partido Popular considera "incomprensible" que el Gobierno de Sánchez respalde a los "radicales ecologistas" en lugar de apoyar a quienes luchan por preservar la España rural, a pesar de las adversidades impuestas por las políticas gubernamentales.
García subraya la crítica situación de los ganaderos, con más de 5,500 cabezas de ganado muertas solo en Castilla y León el año pasado, marcando un récord alarmante. Desde la inclusión del lobo en el Lespre, las pérdidas entre el ganado han experimentado un notorio aumento, según la senadora abulense.
Ávila, la provincia más afectada por los ataques del lobo, registró la muerte de 1,652 cabezas, representando el 30% de los ataques en toda la Comunidad y un incremento del 11% respecto al año anterior. Para revertir esta situación, Alicia García demanda la restitución de competencias a las comunidades autónomas para regular la gestión del lobo y lograr un equilibrio sostenible con la actividad ganadera.