Las recomendaciones del Consejo de Cuentas de CyL logran su mejor porcentaje

El 65% de las recomendaciones que el Consejo de Cuentas de Castilla y León realizó en 2023 fueron aceptadas por las administraciones fiscalizadas, y el 56% de estas recomendaciones se aplicaron de forma íntegra o parcial, logrando el mejor porcentaje de la serie histórica, igualado solo en 2019. Así se desprende de la Memoria Anual 2023 que el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, entregó este martes a su homólogo en las Cortes, Carlos Pollán. En este informe se destaca que el órgano de control externo autonómico presentó 22 informes en 13 comparecencias ante las Cortes durante el año pasado.

El documento también señala que el informe de recomendaciones aprobado en 2023 muestra que el grado de aceptación de las 80 recomendaciones registradas a los entes fiscalizados por el Consejo en los informes de 2022 se situó en el 65%, es decir, dos de cada tres fueron asumidas. Durante los cinco años y medio del presente mandato, el Consejo ha realizado más de 700 recomendaciones, de las más de 2.400 efectuadas en toda la serie histórica.

Por otra parte, el índice de rendición de cuentas por las entidades locales de Castilla y León, especialmente los ayuntamientos, se sitúa por encima de la media de las comunidades autónomas. En concreto, el 74% de ellos habían rendido sus cuentas al cierre del ejercicio y actualmente más del 86% han cumplido con esta obligación, destacándose las provincias de Salamanca y Zamora con un 89%; y Palencia y Valladolid con un 88%.

Relevancia y Alcance de la Memoria Anual

El documento entregado por Amilivia contiene datos fundamentales sobre diversos aspectos como la organización y funcionamiento, la función fiscalizadora, las relaciones institucionales, la comunicación y la administración. En 2023, se celebraron 13 plenos, se aprobaron 15 informes de fiscalización y el presidente compareció 13 veces ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico, estableciendo un nuevo récord en la trayectoria del órgano fiscalizador del sector público autonómico y local.

Durante las 13 comparecencias de 2023, se presentaron 22 informes, además del Plan Anual de Fiscalizaciones. Con la presentación ante la Comisión de Economía y Hacienda del informe sobre el seguimiento de las 80 recomendaciones efectuadas por el Consejo de Cuentas a los entes fiscalizados, se completa el ciclo parlamentario del control externo realizado sobre la gestión económica y financiera de la Administración autonómica y local (con casi 5.000 entidades), que representan conjuntamente un volumen global de 16.000 millones anuales.

El sector público de Castilla y León fiscalizado por el Consejo de Cuentas está integrado por 2.248 ayuntamientos (que representan el 28% del total de municipios de la nación), nueve diputaciones, un Consejo Comarcal, 276 mancomunidades y otras entidades, y 2.214 entidades locales menores.

Función Fiscalizadora

En cuanto a su función fiscalizadora, el Consejo de Cuentas emite informes anuales y específicos, actuando con plena independencia de los entes sujetos a fiscalización. Entre los 15 informes aprobados por el Pleno en 2023 y comunicados al Parlamento, destacan algunos por su trascendencia.

Por ejemplo, el análisis de la gestión del programa presupuestario de deuda pública de la administración de la Comunidad puso de manifiesto la existencia de una infrafinanciación media de 395 millones de euros anuales en el periodo 2009/2021, apelando a la revisión del sistema de financiación autonómica.

Otro informe relevante es el de la fiscalización financiera de la Gerencia Regional de Salud, con especial referencia a los pagos realizados por el contrato para la construcción y gestión del Hospital Universitario de Burgos, que reveló un aumento significativo de los gastos sanitarios debido al impacto de la pandemia, representando hasta el 38% del gasto de la Comunidad en 2020.

Además, se realizaron informes sobre el impacto en el sector público local de la suspensión de las reglas fiscales entre 2018 y 2021 y de las reformas del Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana entre 2017 y 2023.