Un hombre acusado de capturar mujeres se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Valladolid
El proxeneta de nacionalidad paraguaya ha sido acusado por captar mujeres de su país y luego prostituirlas en su piso de Valladolid sometiéndolas a rigurosas normas.
Palacio de Justicia
La Fiscalía de Valladolid ha solicitado una condena de tres años de prisión para J.A.M.G., un hombre de nacionalidad paraguaya, acusado de captar mujeres de su país para explotarlas sexualmente en un piso en la capital. Según la acusación, las mujeres, en situación de vulnerabilidad, aceptaban las condiciones impuestas por el acusado debido a su precaria situación económica y su estatus migratorio irregular.
El acusado, conocido como 'Lucas', será juzgado el próximo 3 de julio en la Audiencia Provincial. La Fiscalía no solo solicita una pena privativa de libertad de tres años por el delito de aprovechamiento de la prostitución ajena, sino que también pide una multa de 10.800 euros, tres años de libertad vigilada y la inhabilitación durante diez años para cualquier profesión en la que participen menores de edad.
Además, en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía exige al acusado el pago de una indemnización de 10.000 euros en favor de una de las mujeres supuestamente explotadas. Esta solicitud de indemnización responde a los daños morales sufridos por la víctima.
Los hechos investigados abarcan el periodo comprendido entre junio de 2020 y el 17 de marzo de 2021. Durante este tiempo, el acusado se dedicó a explotar la prostitución ajena en un piso ubicado en la calle Nicasio Pérez. Para ello, captaba mujeres de nacionalidad paraguaya que se encontraban en situación irregular y con escasos recursos económicos para subsistir. Estas mujeres, debido a su situación de vulnerabilidad, aceptaban ejercer la prostitución bajo las condiciones impuestas por 'Lucas'.
Según la acusación pública, el acusado alojaba a las mujeres en el piso, insertaba anuncios en páginas web del sector, concertaba las citas con los clientes y decidía qué mujer era enviada a cada servicio. Además, cuando los pagos se realizaban a través de medios electrónicos, el acusado cobraba la totalidad del importe.
El número de mujeres explotadas oscilaba entre cuatro y siete durante el periodo investigado. Estas mujeres estaban obligadas a entregar al acusado el cincuenta por ciento de todos los ingresos obtenidos en sus servicios. El acusado había establecido una serie de normas estrictas: solo podían salir de la casa una hora al día por la mañana, tenían dos días libres cada quince días, pero nunca en fin de semana, debían atender bien a los clientes, estar arregladas y peinadas las veinticuatro horas del día, avisar con cinco días de antelación si querían librar y salir inmediatamente de la habitación cuando alguien llamaba a la puerta. Además, debían mantener la limpieza y el orden, siendo controladas por el acusado minuto a minuto.
Para asegurar el cumplimiento de estas normas, el acusado había instalado un sistema de videovigilancia en el piso, permitiéndole controlar a las mujeres de manera permanente, incluso cuando no se encontraba en el lugar.
El 17 de marzo de 2021, día de la detención del acusado, la policía encontró a cuatro mujeres en el piso en la situación descrita. De estas mujeres, solo una ha reclamado una indemnización por daños morales.