Mañueco planta cara a la amnistía de Sánchez con un recurso de inconstitucionalidad

La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección de Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, ha presentado este martes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Esta acción se ha llevado a cabo tras el acuerdo del Gobierno autonómico alcanzado el 29 de agosto, con el respaldo del informe favorable emitido previamente por el Consejo Consultivo.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha declarado que "la implementación de la Ley de Amnistía ha generado privilegios para ciertas personas responsables de delitos de extrema gravedad. Por ello, confiamos en que el Tribunal Constitucional admita y falle a favor de este recurso".

Sin cuestionar la legitimidad del Tribunal Constitucional, la Junta de Castilla y León considera que algunos magistrados, debido a su cercanía con el tema en deliberación, no deberían participar en la resolución de este caso. Por este motivo, el Gobierno autonómico ha solicitado la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, así como de los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez.

El consejero de la Presidencia afirmó que el Gobierno de Castilla y León es “serio y responsable, y por ello cumple con los compromisos adquiridos con la ciudadanía”. En este contexto, tal como adelantó el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y más allá del recurso presentado este martes, la Junta de Castilla y León también se comprometió a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. 

Este recurso responde a la inacción del Gobierno de España al no haber convocado una Conferencia de Presidentes para abordar temas de interés común para todas las comunidades autónomas, como fue en su momento la cuestión de la amnistía, y ahora asuntos prioritarios como la financiación autonómica, la escasez de médicos y la crisis migratoria. Esta situación vulnera los principios normativos de interlocución multilateral, ponderación de competencias entre administraciones y búsqueda de consenso.

El mencionado recurso fue presentado el 25 de julio, y se ha confirmado la semana pasada que el Tribunal Supremo lo admitió a trámite mediante providencia emitida el 6 de septiembre.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha cumplido con su compromiso de recurrir la Ley de Amnistía, al considerar que vulnera el derecho a la igualdad de todos los españoles, tal como lo establece la Constitución. El consejero de la Presidencia ha destacado que la Comunidad de Castilla y León está legitimada para presentar este recurso contra una ley que genera un perjuicio y un agravio comparativo entre ciudadanos de distintas comunidades autónomas y de diferentes ideologías. Según ha señalado, la aplicación de la ley elimina las consecuencias legales para ciertas personas que han cometido delitos, mientras que para otras el cumplimiento del ordenamiento jurídico sigue siendo obligatorio.

Contra el concierto económico con Cataluña

El presidente Alfonso Fernández Mañueco también ha anunciado que interpondrá todos los recursos judiciales necesarios en caso de que se formalice un concierto económico con Cataluña. Este acuerdo, según Fernández Mañueco, vulneraría el derecho a la cohesión territorial y la solidaridad, derechos que el Gobierno de España, previsiblemente, busca eludir en sus negociaciones con las fuerzas políticas separatistas catalanas con el objetivo de asegurar la Presidencia de la Generalitat. Además, ha advertido que este acuerdo implicaría una significativa disminución de los recursos públicos de la caja única, lo que afectaría negativamente a los servicios públicos que reciben los ciudadanos de Castilla y León.

Por ello, González Gago ha advertido “que nadie tenga ninguna duda: el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco siempre va a actuar en defensa de los derechos e intereses de los castellanos y leoneses, y del respeto al estado de derecho recogido en la Constitución, y utilizará todos los cauces legales a su disposición para seguir protegiéndolos”.