Las claves de un "plan delictivo" que puede dar con Sánchez Vicario en la cárcel
Rozó el éxito y la gloria e hizo historia del deporte pero de un tiempo a esta parte todo son malas noticias para la extenista española. La última vuelve a ponerla a los pies de los caballos
Arantxa Sánchez Vicario.
La Fiscalía ha pedido condenar a la tenista y a su exmarido Josep Santacana a cuatro años de prisión por un presunto delito de alzamiento de bienes al supuestamente ocultar su patrimonio a través de un testaferro para evitar pagar al Banco de Luxemburgo una deuda de 7,5 millones de euros.En el escrito de acusación el fiscal detalla que la tenista actuó "bajo las consignas de su marido" una vez se le notificó la reclamación de la deuda en julio de 2010.
Detalla que la entidad bancaria adelantó a un banco español el dinero que la tenista tenía que abonar como garante de una deuda con Hacienda, y por eso después el Banco de Luxemburgo le reclamó pagar la cantidad que había abonado.
El fiscal sostiene que "idearon un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio, frustrando de este modo el cobro de dicha cantidad", por el que vaciaron sus cuentas corrientes.
Sánchez Vicario y su exmarido hicieron "desaparecer" el dinero
Hicieron "desaparecer" el dinero que Sánchez Vicario había cobrado en créditos y por reportajes en medios de comunicación, y el fiscal expone que la tenista era propietaria y beneficiaria de al menos cinco empresas, titulares de varios bienes inmuebles, que después de notificársele la deuda con Hacienda pasaron a estar a nombre de una sociedad uruguaya.
Así, "realizaron numerosas operaciones de venta con el fin de obtener dinero y ocultarlo para frustrar el cobro" de la deuda, y la Fiscalía acusa como cooperadores necesarios a quienes supuestamente hicieron de testaferro quedando como único titular de las empresas de la tenista, además de al jefe y al responsable de la gestoría que hizo las operaciones de estas empresas.
Por todo, la Fiscalía pide condenarles por un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible: reclama cuatro años de cárcel y 8.640 euros de multa para Sánchez Vicario y Santacana, además de 6,1 millones en responsabilidad civil; y tres años y medio de prisión y multa de 7.560 euros para los cómplices.
