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Lo que le faltaba a Iñaki Urdangarin: un nuevo escándalo de 8.000 euros públicos

Por si no tuviera bastante con las fotos en portada con su "amiga" Ainhoa Armentia y la separación oficial de la Infanta Cristina ahora se ha puesto sobre la mesa un roto pagado por todos.

Iñaki Urdangarin.

Publicado por
Redacción

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Su separación de la Infanta Cristina después de la publicación de unas imágenes en actitud cariñosa con una compañera de trabajo llamada Ainhoa Armentia han situado a Iñaki Urdangarin en el ojo del huracán mediático; pero, al margen de la interrupción de su matrimonio y de su relación con la analista contable, el ex jugador de balonmano se ha visto envuelto en una nueva polémica, ya que según se ha sabido, dos de sus escoltas han sido apartados del servicio.

Una pareja de policías pagados por el Ministerio del Interior que siguen (supuestamente) todos los pasos del ya excuñado del Rey Felipe VI y que han regresado a Madrid y sido retirados temporalmente del servicio por no informar a sus superiores de los viajes de Iñaki a Francia.

Recordemos que las fotografías del ex duque de Palma con Ainhoa fueron tomadas en Bidart (localidad francesa muy cerca del País Vasco) el 11 de enero y las autoridades no tendrían conocimiento de este desplazamiento, del que sus escoltas no informaron en su momento, cometiendo así una posible negligencia.

Pero este no es el único motivo que ha creado malestar en lo que a los escoltas de Urdangarin se refiere, ya que según ha apuntado El programa de Ana Rosa el hasta ahora marido de la Infanta Cristina se habría extralimitado en más de una ocasión pidiendo favores a los encargados de su seguridad, como por ejemplo subirle la comida al trabajo tras la publicación de sus imágenes con Ainhoa.

Ahora, con la interrupción de su matrimonio con la hija de los Reyes Juan Carlos y Sofía, todo el mundo se hace la misma preguta: ¿Seguirá Urdangarin teniendo escolta o, por el contrario, se le retirará al igual que se hizo con Jaime de Marichalar tras su separación de la Infanta Elena? Un servicio que paga el Ministerio del Interior y que tiene un coste mensual cercano a los 8.000 euros pero que, todo apunta, pronto dejará de tener.