Díaz, en la picota: no cesa a un diputado en el banquillo por prevaricación
En el banquillo de los acusados y en su escaño sin que se le haya exigido su dimisión. El parlamentario andaluz, Luciano Alonso, mantiene su cargo pese a que será juzgado por tres delitos.
Susana Díaz junto al exconsejero Luciano Alonso, a la izquierda, en una imagen de archivo.
Los múltiples casos de corrupción que golpean al PSOE andaluz pueden truncar las aspiraciones de Susana Díaz en su carrera a conquistar el liderazgo de los socialistas en la futura cita del Congreso extraordinario que pondrá fin a la interinidad de la Gestora y del que saldrá un nuevo secretario general tras la renuncia de Pedro Sánchez.
Díaz, que en numerosas ocasiones se ha desmarcado de la corrupción del PSOE andaluz, tiene ahora que responder a un caso que sienta en el banquillo a un parlamentario de su grupo tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra el exconsejero Luciano Alonso por tres supuestos delitos prevaricación en sendas contrataciones de personal. Esta tesitura pone en un aprieto a Susana Díaz, que no le ha exigido el acta parlamentaria, pero también a Ciudadanos que de momento hace la vista gorda a este caso no ya de imputación sino de apertura de juicio oral y "paseo" por el banquillo de los acusados.
Pese a las graves acusaciones formuladas, Díaz no ha exigido el acta de diputado saltándose así el código ético del propio PSOE, que señala que cualquier cargo público dimitirá o será suspendido en esta fase procesal. De la misma forma, la formación de Albert Rivera en Andalucía alude ahora al "señalamiento" del juicio como el momento para adoptar decisiones.
Ciudadanos mantiene así el pacto de legislatura que aupó a Díaz a la presidencia de la Junta de Andalucía. La Fiscalía Superior de Andalucía pide 14 años de inhabilitación para cargo público o empleo para el exconsejero de Educación, Cultura y Deporte lejos y solicita la apertura de juicio oral contra Alonso ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, estima que debe condenarse a quien considera presunto autor de un delito continuado de prevaricación administrativa. Para el Ministerio Público, Alonso incurrió en la ilegalidad al nombrar a Luis Guerrero Jiménez como director del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, y a Alejandro J. Cárdenas y María Centeno como directores consecutivos de la Filmoteca de Andalucía.
Defiende la Fiscalía que el ex consejero habría "utilizado las facultades que dicho cargo le confería para beneficiar a personas relacionadas con el PSOE con puestos de libre designación y naturaleza eventual a sabiendas" de que ni Guerrero, ni Cárdenas, ni Centeno eran idóneos para desempeñar las funciones de los puestos que les fueron asignados. Aun así, los tres percibieron los sueldos previstos presupuestariamente para esos cargos, que nunca llegaron a ejercer.
Analizando el nombramiento de Guerrero, "destacado militante del PSOE de Málaga y miembro de su ejecutiva provincial", como director del centro flamenco, la Fiscalía asegura que Alonso "decidió utilizar" esa plaza, que acababa de quedar vacante. Con ella se justificaba la incorporación de Guerrero al organigrama de su Consejería en Málaga. Pero el entonces consejero y el director fantasma del centro "acordaron", subraya el fiscal, que "no desempeñaría ninguna de las funciones" inherentes al cargo. Guerrero jamás pisó la sede del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, en Jerez, cuyos empleados nunca lo llegaron a ver.