Rallo hunde Podemos destapando su falta de respeto por la libertad de expresión

Este martes se vota en el Congreso la proposición de ley presentada por Unidos Podemos “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”.

Según escribe el economista Juan Ramón Rallo en El Confidencial, se trata de un "texto legal que busca algunos objetivos nobles (por ejemplo, evitar la violencia, la vejación o la discriminación de personas por cuestión de su mera orientación o identidad sexual) pero que emplea medios liberticidas para lograrlos".

En un artículo muy duro contra "la nueva ley mordaza" de Podemos, Rallo deja claro que "la formación pretende otorgar poder a un nuevo órgano administrativo que castigaría las infracciones recogidas en su proposición de ley contra la discriminación sexual. Pero ¿a qué precio?".

A su juicio, "Unidos Podemos pretende otorgar un enorme y arbitrario poder a un nuevo órgano administrativo —la agencia estatal contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales— encargado de castigar las infracciones recogidas en esta proposición de ley".

"Para que nos entendamos", resume, "si HazteOir convoca una concentración conservadora en defensa de la 'familia tradicional' o Intereconomía emite otro gag casposo y autovejatorio, la nueva agencia estatal tendrá derecho a cerrar HazteOir e Intereconomía durante un plazo de dos años. Todo ello sin pasar por los tribunales. El poder arbitrario de la agencia es tal que incluso puede calificar como infracción muy grave aquellas “lesiones no definidas como delitos” contra una persona LGTBI (art. 94.4 g): ¿qué es una lesión no delictiva? Exactamente aquello que la agencia estatal quiere que sea".

A saber, "todo este conjunto de medidas ya resultarían enormemente peligrosas y liberticidas si se enmarcaran en una reforma del Código Penal dirigida a castigar los llamados 'delitos de odio'. Pero, al menos, dentro de la jurisdicción penal se respetarían ciertos principios garantistas, típicos del procedimiento penal, que van precisamente dirigidos a evitar la tiranía de la arbitrariedad. Unidos Podemos, en cambio, otorga a un órgano administrativo la “competencia para incoar, instruir y resolver” los expedientes sancionadores derivados de su ley. Es decir, que un órgano político —y politizado— será quien inicie de oficio, seleccione las pruebas y determine la condena de aquellos a quien desea castigar: una caza de brujas. No en vano, incluso si los tribunales del orden penal sentenciaran que unos hechos no son constitutivos de delito, la agencia estatal podría proseguir con su expediente sancionador al amparo de esta nueva ley".

En definitiva, recalca Rallo, "la normativa que Unidos Podemos presentará este martes en el Congreso constituye una nueva intentona de amordazar políticamente la libertad de expresión. Es verdad que muchos de los que estos días protestarán contra la ley lo harán porque desean seguir amparándose en esa libertad de expresión para manifestar al mundo su homofobia mal disimulada: pero lo que debe hacerse contra las declaraciones homófobas es señalarlas, criticarlas, despedazarlas y ridiculizarlas, no censurarlas. Debería resultar obvio que si todos los individuos susceptibles de ser ofendidos por cualquier motivo adquirieran el derecho a decomisar publicaciones, cerrar establecimientos, suspender actividades o imponer multas de hasta 45.000 euros a aquellos que los ofendieran, entonces la libertad de expresión desaparecería por completo".

Para terminar, sentencia que "el fin no justifica los medios: si acaso son los medios los que terminan legitimando los fines. Objetivos nobles perseguidos mediante medios monstruosos terminan convirtiéndose en ensoñaciones igualmente monstruosas".