Rebelión de periodistas por el intento de Roures de hacer caja con el referéndum
El propietario de Mediapro ha debido de pensar aquello de "a río revuelto ganancia de pescadores" y ha buscado el negocio del referéndum. No contaba con la revuelta de los informadores.
La improvisación de la Generalitat en la recta final del referéndum del domingo ha salpicado a los centenares de periodistas -españoles, corresponsales y enviados especiales- desplazados a Cataluña para cubrir la jornada de la consulta ilegal. Pero la decisión de cobrar 10 euros a los informadores por acceder cada día al Centro Internacional de Prensa ha provocad0 una revuelta este viernes. Y es que, por si fuera poco, el dinero no irá destinado a las arcas públicas si no al propietario de Mediapro, Jaume Roures, quien ha facilitado las dependencias.
De esta forma, el Colegio de Periodistas de Cataluña ha rechazado que el Govern haga pagar esos 10 euros al día por poder cubrir las ruedas de prensa sobre el referéndum del 1-O. El colegio ha exigido una rectificación, después de que este viernes se hayan programado dos convocatorias: a las 12 horas para detallar el operativo del domingo y a las 16 horas sobre la legalidad de la consulta.
Mediapro ha instalado en Barcelona el Internacional Press and Broadcasting Center Mediapro, un centro de prensa donde instituciones, partidos y entidades pueden valorar el referéndum. De hecho, como si de un evento privado se tratara, Roures ha colocado su logotipo en el muro al que enfocan las cámaras y los fotógrafos. Tras las protestas unánimes de los informadores, la productora rectificó y eliminó la tasa. Eso sí, eliminó el catering del centro de prensa.
A preguntas de los medios en la primera comparecencia en el IPBC, el consejero de Presidencia, Jordi Turull, ha defendido que fue una iniciativa privada que el Govern aceptó ante la gran interés mediático, en busca de "más comodidad" que si se hubiera hecho en el Palau de la Generalitat.
Turull ha asegurado que el gobierno catalán no recibe ni "un duro" de los diez euros que debe pagar cada periodista por la entrada de cada día, y lo ha justificado también en base a las medidas del Estado para impedir el referéndum.