Ibarra pone la cara en vergüenza a los catalanes con una pregunta demoledora
El expresidente de Extremadura recuerda a los independentistas y sus hijos eso que parecen empeñados en no recordar con tal de lograr su meta y propone una solución para evitar el desastre.
Entre todos los análisis que este jueves publica la prensa en torno a la grave crisis catalana destaca el de Juan Carlos Rodríguez Ibarra en el diario ABC. El expresidente socialista de Extremadura sostiene que "el Gobierno de España ha agotado hasta el final cualquier posibilidad que le impidiera aplicar el artículo 155 de la Constitución española. Por muy poco informado que se esté, se sabe que las apelaciones al diálogo por parte del presidente de la Generalidad estaban viciadas por la intransigencia" porque "no se proponía una vía constitucional que posibilitara el entendimiento, sino que se buscaba el argumento para seguir acumulando razones que convencieran a los independentistas de que España manifiesta incomprensión y desidia hacia las aspiraciones del pueblo catalán".
Rodríguez Ibarra abochorna a los que ahora se muestran insolidarios con los territorios más pobres del país recordando que "quienes vivimos en tierras que vieron partir, por miles, a los jóvenes trabajadores que no tenían posibilidad de trabajar en sus lugares de nacimiento, sabemos que si de Extremadura, Andalucía, Castilla, Galicia… salían autobuses repletos de emigrantes no era por divertimento, sino por necesidad; los más pobres huían de los territorios más desprotegidos, abandonados y mancillados por una política que premió a unos y castigó a otros" y recalca que "algunos, como la burguesía catalana, resultaron privilegiados por las leyes proteccionistas del nacionalismo español".
Tras un breve repaso histórico que demuestra como Cataluña salió beneficiada frente a otros territorios durante siglos, Ibarra señala que "para la gran mayoría de los españoles resulta insultante que esa burguesía catalana, que está usando de fuerza de choque a los jóvenes descendientes de quienes fueron obligados a salir de sus pueblos por la desidia y abandono centralista, reclame la independencia y pretenda desligarse de un Estado en el que ha gozado y goza de privilegios y hegemonía económica como no lo hace ningún otro territorio".
¿Cómo de ricos serán los catalanes?
A su juicio, "al grito de España nos roba han conseguido llenar de fantasmas la mente de jóvenes de segunda y tercera generación de zonas de España a los que se les robó lo mejor que tenían, las personas. Seguro que cuando repiten el eslogan no están creyendo que los territorios ricos roban a los pobres. Piensan lo contrario, que los pobres roban a los ricos. ¿Cómo de ricos serán para que, robándoles durante tantos años, ellos sigan siendo ricos y los que roban sigan siendo pobres? ¿Desde cuándo creen que se les roba?". Remontándose al período franquista, insiste en que Cataluña acogió a más de un millón y medio de inmigrantes originarios de Andalucía, de Extremadura, de La Mancha...
Para Ibarra a nadie le cabe la menor duda de que la aplicación del 155 "será utilizado por los independentistas para argumentar contra el Gobierno de España en su supuesto afán de eliminar la autonomía catalana".
Para "neutralizar esa nueva falsedad" propone una solución: "utilizar al municipalismo hasta que la normalidad y la legalidad sean reestablecidas en Cataluña. Como casi todo en la vida, también en el municipalismo existen excepciones y, por lo tanto, no todo el monte es orégano; pero se puede afirmar que los alcaldes son los políticos que gozan de más prestigio y los mejor valorados por los ciudadanos. En lugar de que sean los Ministerios quienes dirijan la Administración autonómica, que los encargados de dirigir el Gobierno autonómico, hasta que las elecciones en ese territorio elijan un nuevo Parlamento y un nuevo Gobierno, sean alcaldes catalanes constitucionalistas. Nuria Marín, alcaldesa de Hospitalet de Llobregat, con amplia experiencia de gobierno, podría ser la coordinadora de un equipo de ediles que, en número equivalente al de consejerías, se hicieran responsables de la autonomía catalana. No sería el Gobierno central el que tomara la Generalidad, sino que la autonomía catalana pasaría a mano de responsables institucionales catalanes. Sería una forma más aceptable para hacer frente a una realidad que se opone frontalmente a las leyes y que ha fracturado y dividido a una población que comienza a darse cuenta de que el camino hacia la independencia resulta más difícil de lo que todos pensaban y de que, al final, resultará directamente intransitable".