Sánchez tapa su fracaso con Franco bajo la losa del secreto de Estado

De fracaso en fracaso hasta la opacidad total. El Gobierno de Pedro Sánchez confió en la exhumacion de los restos de Franco como uno de sus grandes golpes de efecto, pero ha pinchado en hueso y ahora quiere tratar de tapar su torpeza declarando el asunto como secreto oficial. Así, el Ejecutivo se niega a revelar públicamente qué pasos y gestiones está llevando a cabo para conseguir la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos.

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y del Ministerio de la Presidencia, decidió a principios de año decretar un verdadero apagón informativo sobre la polémica exhumación, hasta el punto de que en el Portal de Transparencia, la única vía oficial que los ciudadanos tienen para recabar información veraz al Estado, se han abierto desde el pasado febrero siete expedientes diferentes "denegatorios" sobre peticiones de datos sobre el futuro traslado del cadáver.

Según la información que ha divulgado el diario Sur, los dos cargos gubernamentales responsables de responder la solicitud de información de los ciudadanos en este asunto (la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, y el subsecretario de la Presidencia, Antonio Hidalgo) están recurriendo continuamente al artículo 14 de la Ley de Transparencia de 2013 que es el que faculta al Ejecutivo a hurtar a sus ciudadanos información en cuestiones que puedan dañar la "seguridad nacional", la "defensa", las "relaciones exteriores" o "la seguridad pública", entre otras cuestiones.

Como los viajes en el Falcon

De esta manera, la misma que se practicó con los viajes del presidente en el Falcon, el Gobierno ha considerado que no debe entregar a un ciudadano, por ser secreto de Estado, el expediente administrativo que se generó en el Consejo de Ministros del 21 de agosto de 2018 que dio luz verde a la exhumación. Tampoco hará públicos los "documentos y actos administrativos" ligados a aquel Real Decreto ley 10-2018 que inició el procedimiento para sacar a Franco del valle.

El Ejecutivo de Sánchez no se extiende a la hora de justificar al veto al acceso de la ciudadanía a esa información sobre el futuro de los restos del dictador. Se limita a decir que ese expediente que activó la controvertida exhumación es una "información sensible". Adiós a la luz y taquígrafos, pues.