El veloz gesto que delata que los fiscales del Supremo no se fían de Sánchez

En la Fiscalía no se fían de la componenda que está tramando el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con ERC, uno de los partidos independentistas que tramaron y ejecutaron el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, y por el que está condenado -por sedición y malversación- su jefe máximo, Oriol Junqueras.

En concreto, los representantes del Ministerio Público en el Tribunal Supremo no están dispuestos, como no lo estuvieron antes del juicio del procés, a pasar por el aro del inquilino monclovita. No se plegaron entonces, como sí lo hizo la Abogacía del Estado -cambiando rebelión por sedición- ni lo quieren hacer ahora.

Desde el entorno del PSOE y del Gobierno se está trasladando desde hace días a la Abogacía del Estado las presiones de ERC para que este cuerpo de letrados al servicio de la legalidad, empezando por la Constitución, emitan un informe a favor de poner en libertad a Junqueras.

Se trata del chantaje que ha decidido poner en marcha Esquerra para facilitar la investidura de Sánchez , tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el que se reconoce que el líder indepe debió de haber gozado de inmunidad como europarlamentario para recoger su acta en Bruselas.

En el ambiente político y jurídico flota en el ambiente que la Abogacía del Estado será una vez más dócil. Y los fiscales del Procés no quisieron esperar a sufrir ningún tipo de coacción desde Moncloa. Sobre todo, después de que Sánchez presumiera en una entrevista en Radio Nacional de España, en plena campaña electoral, de controlarla.

Reacción rauda

De ahí el veloz gesto del equipo formado por Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Miguel Cadena y Jaime Moreno en la mañana del jueves 19 de diciembre. Según apunta El Confidencial, tras conocerse la sentencia del TJUE, "los escritos volaron. Literalmente.

Ni dos horas tardó la Fiscalía en solicitar al Alto Tribunal que mantuviera al líder de ERC en prisión después de que el Supremo abriera un plazo de cinco días para que las partes le informaran sobre su criterio ante el fallo de Luxemburgo".