Un juez progresista se harta de Sánchez y le señala por saltarse la Constitución
Manuel Aragón, que llegó al Tribunal Constitucional de la mano de Zapatero, cree que el Ejecutivo se está excediendo con el estado de alarma decretado contra el coronavirus.
El magistrado Manue Aragón Reyes
A cualquiera que le pregunten en las altas esferas judiciales y políticas sobre la adscripción ideológica del prestigioso Manuel Aragón Reyes, ex catedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional (TC), no tendrá dudas: dirán que es hombre de leyes progresista. De hecho formó parte de la terna que el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero envió al TC. Allí se mantuvo Aragón hasta 2013, casi nueve años.
Por eso ha sorprendido las demoledoras críticas que ha vertido contra Pedro Sánchez y su Gobierno por su gestión del coronavirus mediante el estado de alarma. Y también, el medio elegido, El País.
Bajo el título de Hay que tomarse la Constitución en serio, en una tribuna publicada en el buque insignia de Prisa, Aragón cree que en plena pandemia de coronavirus "se está descuidando algo por completo fundamental, como es el exacto cumplimiento" de la Carta Magna.
El "tuteo paternalista" de Sánchez a los españoles
A continuación, el catedrático de Derecho Constitucional desgrana alguna de las cosas que más le han indignado: las ruedas de prensa con preguntas preseleccionadas que provocaron el plante de los principales medios de comunicación; el "tuteo paternalista" con el que Sánchez se está dirigiendo a los españoles en sus comparecencias desde la Moncloa, "proclamándose, literalmente, de manera poco conciliable con la realidad de nuestro sistema institucional, como 'el representante' o 'el máximo representante' de 'la nación en su conjunto', cuando resulta que a la nación la representan únicamente las Cortes Generales, como bien dice la Constitución, y al Estado, como también la Constitución manda, solo lo representa el Rey"
"El presidente del Gobierno representa al poder ejecutivo, y nada más", apunta Manuel Aragón que considera este "presidencialismo" que observa en la actitud de Sánchez ”,incompatible con nuestra monarquía parlamentaria".
"Exorbitante utilización del estado de alarma"
Sin embargo, lo que tiene "mayor gravedad", a ojos del prestigioso magistrado es la "exorbitante utilización del estado de alarma" que está haciendo el Gobierno. Así, Aragón señala que éste "no puede legitimar la anulación del control parlamentario del Gobierno, como parece que está sucediendo".
Por otra parte, entiende Manuel Aragón que "la suspensión generalizada" de la libertad de circulación y residencia de los ciudadanos no cabe en un estado de alarma, sino solo "en el estado de excepción".
"Ordenar una especie de arresto domiciliario de la inmensa mayoría de los españoles, que es lo que realmente se ha hecho, no es limitar el derecho, sino suspenderlo, y esa conclusión resulta difícilmente rebatible desde un entendimiento jurídico correcto, y en tal sentido la medida adoptada creo que es bien distinta de la normativamente estipulada para el estado de alarma", apunta el magistrado, que añade que "el confinamiento general, salvo determinadas excepciones, de las personas en sus domicilios ha sido, probablemente, una decisión necesaria para intentar atajar la pandemia, y debemos aceptarla y sufrirla resignadamente, pero siempre que se haya respetado escrupulosamente la forma que la Constitución exige, algo que, a mi juicio, no se ha hecho".
Manuel Aragón también duda de la constitucionalidad de algunas de las "medidas económicas" que ha adoptado el Ejecutivo de Sánchez en pleno estado de alarma", porque el artículo 128 de la Carta Magna -al que se refirió el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para justificar las medidas más estatalistas- "no dota de poderes omnímodos al Estado, ni siquiera en situaciones de excepción, por la sencilla razón de que está inserto en una Constitución democrática que impide cualquier despotismo".
"El Estado social, garantizado por la Constitución, no permite dejar sin garantías al Estado democrático, que es lo mismo que decir que la consecución de la igualdad no permite la abolición de la libertad, sino que obliga al equilibrio entre ambos valores. Parece mentira que haya que recordar a ciertos políticos algo tan elemental", recuerda el magistrado, que tras otra serie de consideraciones, concluye afirmando que espera que el Gobierno se tome "la Constitución en serio".
