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Marhuenda tumba los complejos sobre las Constituciones españolas

Las Constituciones de España adolecieron de carencias hasta la de 1978 pero eso no fue óbice para que fueran una excepción. Todo lo contrario. El director de "La Razón" lo analiza a fondo.

Francisco Marhuenda y Tomás Zamora, "Historia político-constitucional de España". Editorial Universitas. Madrid, 2015. 599 pp.

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Miguel Blasco

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Francisco Marhuenda es algo más que director de La Razón y contertulio televisivo. En calidad de profesor universitario, y junto a Tomás Zamora, ha publicado Historia político-constitucional de España, un extenso manual dedicado al fallecido Iñigo Cavero que repasa, como su propio nombre indica, el accidentado camino seguido por el constitucionalismo español desde la aparición del primer texto de esas características en 1812.

Sin embargo, este volumen de Marhuenda y Zamora no sólo analiza con detalle cada una de las Constituciones que se han dado en España desde hace más de dos siglos sino que aporta otras cuestiones que sirven para desterrar ciertos complejos y, por qué no decirlo, para señalar algunos de los vicios de forma que han dado lugar a situaciones pasadas y presentes de lo más inquietantes.

El libro parte de la base de que los autores de todos los textos constitucionales otorgados entre 1812 y 1931 intentaron reflejar "de forma fiel y unilateral su ideario político" sin consenso y sin buscar puntos de encuentro. Algo que, a su vez, también generó debilidad en esas constituciones y en los regímenes que sostenían. Unas convulsiones que los autores consideran que corren paralelas a las que se produjeron en el periodo que abarca desde 1808 a 1978 porque esos textos eran fruto de "una parte de la población" y no de toda.

Es lógico que así no fueran pocos quienes durante más de un siglo y medio se sintieran no representados por dichas constituciones. Marhuenda y Zamora resaltan varios ejemplos. El de la Constitución de 1812, pionera de los textos constitucionales españoles, sí, pero "voluntad de la influyente minoría liberal". O la de 1876, que siendo una de las más avanzadas nació con una lacra, la del caciquismo, y la de dejar fuera de juego, con su sistema de alternancia política entre conservadores y liberales, a quienes no se sentían representados por esas opciones. No fue, por cierto, algo baladí, ya que como indican ambos autores esa crisis y ese desapego acabaron pasándole factura a la Monarquía de Alfonso XIII.

Pese a todo, la obra no apuesta por una presunta excepcionalidad española sino que enmarca esas tensiones "en la convulsa historia del constitucionalismo", acrecentado si acaso en el caso español por la falta de una revolución industrial plena o por la influencia y supervivencia del Antiguo Régimen.

Además, los textos constitucionales españoles, con todas sus pegas, llegaron a ser referentes en algunos casos, como en el caso de la de 1812, "auténtica Constitución-mito del primer liberalismo europeo", o la de la Segunda República, "cuya influencia en el constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial es ampliamente reconocida".

De entre todas, y por haber superado precisamente esos escollos de la falta de consenso, Marhuenda y Zamora destacan la Constitución de 1978.

Pero Historia político-constitucional de España no se queda tan sólo en los textos constitucionales nacidos a partir de 1812 sino que también dedica un extenso apartado a describir la estructura del Estado anterior a su surgimiento desde el final de los Reyes Católicos a los Borbones pasando por los Austrias. Se analiza con detalle la existencia de los Consejos o las figuras de los secretarios del Rey o los validos y los cambios que supuso la entrada en escena de la nueva Monarquía llegada desde Francia.

También se incluye un apartado sobre los proyectos legislativos del breve periodo de reinado de José Bonaparte, desarbolados por la propia imposición del nuevo monarca en el Trono español, la actitud de los altos mandos franceses en España y la guerra a sangre y fuego en la Península.

Y no podía faltar toda una parte dedicada a analizar el entramado jurídico y organizativo del franquismo, una "dictadura constituyente" con elementos de excepción como la Magistratura Extraordinaria y el Caudillaje y un engranaje legal fijado especialmente a partir de los años cuarenta -y en constante mutación- agrupado en torno a las Leyes Fundamentales.

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