Las leyes y los juegos online en España

El apostador está en su completo derecho de obtener ganancias y disfrutar al máximo de su experiencia de juego. En el caso de los casinos en línea, esta es la razón por la que todos los juegos de apuestas se encuentran optimizados por un software que se hace cargo de generar ganancias aleatorias para los usuarios.

El concepto de la suerte se estructura a través de líneas de código que permiten que el apostador tenga todas las oportunidades necesarias de ganar, aunque en ciertas ocasiones también tenga que aceptar por ello ciertas pérdidas. Estos softwares en línea, además de recibir mantenimiento con cierta frecuencia, también son revisados por empresas auditoras para verificar la transparencia de su sistema frente al apostador.

En el caso de España, así como en el resto de la Unión Europea, las legislaciones que han sido creadas para defender los derechos del apostador frente a las probabilidades de ganancia son realmente muy fuertes, lo mismo que la responsabilidad que tienen los casinos de acreditar los pagos de las ganancias. En España, la entidad a cargo de que estas leyes se cumplan, regularlas y realizar las auditorias que implica mantener en orden la autenticidad de los casinos, está a cargo de la Comisión Nacional del Juego (CNJ).

Una de las legislaciones más fuertes creadas por esta comisión, es la Ley 13/2011, de 27 de mayo. Esta es una legislación que, de hecho, ya tenía un precedente como lo fue en su momento el Real Decreto Ley 16/1977, de 25 de febrero. En la nueva propuesta establecida a partir del 27 de mayo del 2011 y que fue firmada por el Rey Juan Carlos, se estipulan en términos generales todas las clausulas y conceptos que rodean al mundo de las apuestas. En estas también se tiene en cuenta a los casinos y la responsabilidad de los mismos frente a las garantías totales del apostador.

Dentro de las especificaciones de lo que representa esta legislación, es importante anotar que precisamente, en lo relativo a los casinos se hace referencia a la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de marzo de 2009; es decir, que España, a través de la Comisión Nacional de Juego, convalida el uso de lo que representa hasta el momento dicha resolución y su aplicabilidad dentro de todos los campos de juego de los casinos.

Algunas de las clausulas de esta resolución, hacen referencia en primer lugar a cómo los casinos, que representan un negocio de alto impacto en el mercado y que produce millones de euros al año, tiene el compromiso frente a los gobiernos de reportar sus ingresos, realizar el pago de impuestos y aportar con sus ingresos a diversos escenarios de la nación como lo puede ser la salud y el bienestar social, tal como lo especifica la responsabilidad corporativa que se practica en diversos país del mundo.

Dentro de otras de las políticas que maneja es el hecho de que todo casino en línea debe mantener una política donde se proteja en todo momento al jugador, evitando al máximo que su pasión por el juego se convierta en algo que pueda afectarlo emocionalmente o llevarlo a la ruina, al igual que evitar la exclusión de los apostadores y que estos sean juegos donde no puedan participar menores de edad.

En España, estas legislaciones no solo están amparadas por la resolución del Parlamento Europeo, sino también a través de uno de los literales de las Definiciones del Artículo 3, de la Ley 13/2011, de 27 de mayo.

Con toda esta normatividad, España puede certificar por completo que los usuarios de los casinos online tienen sus derechos garantizados. En el caso de que un casino sea infractor de cualquiera de las legislaciones que existen, este mismo se verá obligado a pagar sumas millonarias al gobierno, al mismo tiempo recaen sobre este el peso jurídico de organizaciones como lo es el Cuerpo Nacional de Policía, o bien, la Europol.