Esto es socialismo: la tasa Google también la pagará el consumidor, como siempre

Hasta 662 millones de euros se estima que les puede costar a todos los españoles una de las medidas estrella para recaudar más planteadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Un estudio elaborado por Price Waterhouse y encargado por la patronal del sector tecnológico Ametic aclara que la llamada "tasa Google" a las empresas usuarias de los servicios afectados será traslada al precio final que paga el consumidor.

Dadas las características estructurales del sector digital, los grandes perjudicados por la tasa Google serán precisamente los principales beneficiarios de los servicios digitales: pequeñas y medianas empresas (pymes) y consumidores.

El coste del impuesto será transferido a las compañías usuarias de los servicios gravados, que trasladarán una parte al precio final que paga el consumidor. En función de la variación de la cantidad demandada de productos y servicios ante una variación en el precio, una parte del coste lo asumirán los consumidores, a través del precio, y el resto el propio vendedor, como un incremento del coste.

El informe estima que las empresas españolas usuarias de los servicios digitales verán reducidos sus beneficios entre 450 millones y 562 millones de euros, sumando el incremento del coste de uso de plataformas y marketing on line y la disminución de las ventas por el traslado de parte del precio al cliente final.

Este efecto en el beneficio de las empresas españolas tendrá una repercusión económica negativa de hasta 662 millones de euros sobre el PIB nacional, según PwC. Asimismo, como resultado colateral, la introducción de este impuesto tendrá un impacto neto negativo sobre la recaudación del IVA, debido a la disminución de la facturación.

Por si todo esto fuera poco se suman los efectos a largo plazo sobre la economía española. La digitalización de las empresas es fundamental para garantizar la competitividad de la economía española en el medio y largo plazo y sobrevivir en un contexto globalizado. Además, es una oportunidad para la modificación sustancial o la creación de nuevos procesos de negocio que permitan a las pymes españolas crecer de forma más rápida y sólida, y abordar nuevos segmentos de clientes.

A largo plazo, si se ralentiza este proceso, la economía nacional se situará en una posición de desventaja competitiva respecto a otros países.

Según PwC, un incremento del 10% en el índice de digitalización de un país supone un crecimiento del 0,75% en el PIB per cápita y reduce un punto porcentual la tasa de desempleo. Lastrar el proceso de digitalización con un impuesto digital impedirá estos potenciales beneficios que las tecnologías digitales pueden proporcionar a España en términos de productividad.

Con todo, la tasa digital tendrá un efecto distorsionador sobre el mercado, creando ventajas competitivas de determinadas empresas sobre otras. El impuesto perjudicará a las compañías más digitalizadas que utilicen plataformas de terceros para vender o anunciar sus productos −principalmente pymes, por el menor coste−.

Estas pymes se verán, por un lado, perjudicadas al exportar, ya que pagarán al menos la mitad del impuesto, funcionando como un arancel a la exportación. Por otro lado, en el mercado doméstico pagarán el impuesto completo, quedando en desventaja competitiva respecto a los importadores extranjeros, que pagarían solo la mitad, incentivando así la importación.