Organizaciones se unen en la defensa jurídica de la cordillera Cantábrica

En la actualidad existen seis organizaciones ecologistas que se han unido para crear un frente jurídico de conservación para evitar la destrucción de la cordillera Cantábrica ante la avalancha de proyectos eólicos a gran escala.

Por esta razón, han abierto una campaña de micromecenazgo y hasta los momentos acumulan más de 5 200 euros, este dinero será utilizado para la defensa de este territorio.

En este sentido, las entidades que están impulsando la creación de este proyecto son: la Mesa Eólica Merindades de Burgos, la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), la Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos, la Plataforma Bierzo Aire Limpio y la Sociedade Galega de Ornitoloxía.

Así mismo, en el Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica están participando un grupo de juristas con amplia experiencia en derecho ambiental y urbanístico y la mayoría miembros de la Red de Abogadas y Abogados para la Defensa Ambiental (RADA).

Este fondo tiene como objetivo económico alcanzar los 40 500 euros, donde el 80 % estará destinado a las acciones jurídicas, impulsadas por las entidades promotoras, aspectos legales y técnicos y a construir un portal web libre y gratuito que brinde asesoramiento.

A partir de ello, se pretende recoger, atender y apoyar las sensibilidades de las numerosas iniciativas locales surgidas por las entidades promotoras, destacando el compromiso que existe hacia las energías renovables, basadas en el autoconsumo o en la proximidad de los polos de uso energético.

Este proyecto no solo responde a una evidente falta de planificación y ordenación territorial sino también a la poca sensibilidad ambiental que existe en el norte de España y que poseen gran interés medioambiental y paisajístico.

Así pues, se centrarán los esfuerzos jurídicos en analizar los defectos que se han recogido en otros proyectos, y que se vienen produciendo en los últimos tiempos ante un panorama normativo donde se destaca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, o el actual estado de tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Estas iniciativas han surgido a raíz de la gran cantidad de proyectos en Galicia, Asturias, Cantabria y las provincias de Zamora, León, Palencia y Burgos en Castilla y León.

Esto supone que estos territorios de alguna forma podrían verse afectados negativamente, lo cual muestra un panorama preocupante ante esta situación sobre todo en estas áreas que han sufrido como pocos los efectos de la carbonización, los aprovechamientos hidráulicos y otras explotaciones afectando zonas montañosas.

De alguna forma se debe de evaluar más minuciosamente los grandes proyectos eólicos a gran escala, porque pueden tener un gran impacto a nivel medioambiental en algunas regiones. Si bien estos proyectos tendrán un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático, por otro lado, pueden dejar una huella no tan positiva en otros espacios.

Las organizaciones que se han unido en pro de la defensa de la Cordillera de Cantabria tienen una larga historia de activismo ecologista en donde han obtenido importantes éxitos en el ámbito jurídico, frenando o disminuyendo el impacto ejercido por plantas cementeras, centrales hidroeléctricas, explotaciones mineras, constructoras o macropiscifactorías.