Aprobado el 39º Plan de Seguros Agrarios Combinados

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Agricultura, ha aprobado el 39º Plan de Seguros Agrarios Combinados, que recoge tanto las líneas de seguros, cuyo periodo de suscripción se inicia a lo largo del año 2018, como los porcentajes de apoyo público de la administración central que se vehiculan a través de ENESA (entidad Estatal de Seguros Agrarios). El presupuesto destinado a subvencionar el coste de las pólizas del Seguro Agrario en el Plan aprobado, asciende a 211,27 millones de euros, cantidad similar a la del Plan del 2017. En el caso de la Comunidad Valenciana, en el año 2017, complementariamente se destinaron 24 millones de euros para la misma finalidad, cantidad que todo apunta se repetirá para el 2018.

Con la aprobación del 39º Plan de Seguros Agrarios se continúa apoyando al Sistema de seguros agrarios español y se asientan las bases para trabajar a lo largo de los años 2018 y 2019 en el diseño y perfeccionamiento de las diferentes líneas, atendiendo a las propuestas presentadas por las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y comunidades autónomas.

El año 2017 se ha caracterizado por presentar una elevada siniestralidad, y se estima que las indemnizaciones a través del seguro agrario superarán los 700 millones de euros, de los cuales más de 254 millones son debidas a las pérdidas ocasionadas por la sequía. El Sistema ha respondido con eficacia, agilizando las peritaciones y abonando el pago de las indemnizaciones por siniestro en un corto espacio de tiempo tras la tasación, que ha llegado a ser de 25 días en algunos cultivos.

Seguro de ingresos para el sector agrario

Por otra parte, el Plan establece la relación de trabajos a desarrollar durante el ejercicio 2018 con vistas a la incorporación de nuevas coberturas en futuros planes de seguros. Entre ellos, destacaría como novedad un seguro de ingresos para el sector agrario.

Los seguros agrarios de rentas, o de ingresos, se vienen debatiendo desde hace tiempo, y es una aspiración muy demandada por las organizaciones profesionales agrarias. Están muy desarrollados en los Estado Unidos de América y en Canadá. Así como el seguro actual cubre daños ocasionados por fenómenos meteorológicos, el seguro de rentas garantiza unos ingresos mínimos al productor por riesgos comerciales, plasmados en la imposibilidad de vender la cosecha.

En teoría, si no es posible venderla a un precio remunerador, actuaría el seguro proporcionando una indemnización que cubriera como mínimo los costes del cultivo. La idea está clara, sería como lo que en los vehículos se conoce como un “todo riesgo” y la necesidad en campañas con dificultades en la comercialización también, lo que resulta difícil técnicamente es determinar que desencadenaría la actuación del seguro, cuando debería actuar, y sobre todo ese nivel mínimo de ingresos a garantizar, de forma que pudiera ser viable desde el punto de vista de las compañías aseguradoras.

Hay que tener en cuenta que para que una línea de seguros sea viable, las primas pagadas por los asegurados deben cubrir las indemnizaciones en un periodo dado. Si las indemnizaciones fueran muy altas, el coste de las primas debería subir, al ser más caro contratar habría menos asegurados, con lo que se entraría en un espiral de altas primas y menos pólizas, que haría inviable el seguro.

Al parecer los trabajos previos continúan a buen ritmo, aunque aún faltan aspectos que completen los estudios y, sobre todo, sería necesario cambiar la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, y otras normas de desarrollo, para poder incluir esta nueva modalidad, que en cualquier caso se iniciaría primero a título experimental para poder ir puliendo aquellos aspectos conflictivos.

También, ayudaría el que los mecanismos de gestión del riesgo que se incluyan en la nueva reforma de la PAC para después de 2020, contemplaran la utilización de un seguro de este tipo, aunque de momento la Unión Europea se inclina más por la vía de la creación de fondos mutuales, que no tienen ningún éxito en España, que por la del seguro de ingresos. Tampoco se puede descartar nada de antemano, ya que los estados miembros que apoyan la contratación de seguros agrarios lo hacen con ayudas nacionales, sin participación de fondos comunitarios, lo que deja a los estados miembros mayor grado de libertad.