La exalcaldesa de Puçol, absuelta de un delito de prevaricación

Mercedes Sanchis, alcaldesa de Puçol de 2011 a 2015, ha sido finalmente absuelta por el juzgado de lo penal nº 7 de Valencia del delito de prevaricación por el que se la juzgaba. La exalcaldesa había sido acusada de no firmar deliberadamente una documentación que implicaba la pérdida de 223.022’11 euros por parte del Ayuntamiento.

Los hechos se remontan a 2012, cuando se abrió expediente administrativo a la empresa Dulce Hola por la desaparición de unos 1.300 metros lineales de la base de la tubería del alcantarillado, con motivo de unos vertidos corrosivos en la red de alcantarillado local, cuyo coste de reparación se estimó en la cantidad de 223.022,11 euros.

El Consistorio, a través de una resolución firmada por la alcaldesa, reclamaba el pago por los daños causados, y así se notificó a la empresa, el 10 de enero de 2012, concediéndole un plazo de 10 días para formular alegaciones Cinco días después, la empresa presentaba sus alegaciones que, según el informe jurídico, continuaban dando la razón al Ayuntamiento.

El trámite continuó el cauce administrativo habitual y el 6 de febrero de 2012 se elaboraron los oficios por los que, comunicándoles que sus alegaciones no habían demostrado su no responsabilidad en los hechos, se requería a Dulce Hola el ingreso de la cantidad estimada por los daños, advirtiéndoles de que, en caso contrario, se iniciarían las acciones judiciales correspondientes.

Sin embargo, la falta de firma de la entonces alcaldesa en este documento paralizó el expediente, lo que supuso que la empresa no tuviera que pagar la cuantía señalada.

La denuncia, interpuesta por Compromís, nace ante el por qué de la falta de esa firma, tras contar el testimonio directo de trabajadoras del Ayuntamiento implicadas en el expediente que afirmaban que desde alcaldía se habían negado a firmar el documento, lo que supondría un delito de prevaricación.

Los hechos saltan al dominio público cuando en 2017 el entonces alcalde, Enrique Esteve, comunica a Sanchis que dicho expediente estaba sin firmar, ante lo que la popular explica que todo documento salía firmado de su despacho, asegurando que no tenía constancia de que la empresa había presentado alegaciones.

Es entonces cuando se pregunta a las trabajadoras implicadas qué había sucedido.

En primer lugar se acude a la TAG responsable del seguimiento de dicho expediente, averiguando entonces que este se había cerrado con una diligencia extendida en un folio en blanco por una administrativa, un hecho irregular puesto que no es el procedimiento que debe seguirse para cerrar un expediente.

Inquirida por ello, la administrativa señala que sube la documentación para ser firmada por Sanchis y que, tras ser devuelta dos veces sin firmar, avisa ante el posible descuido. Según el testimonio de la administrativa, la secretaria de la entonces alcaldesa le responde que no se va a firmar, ante lo que la administrativa acude a la TAG, su inmediata superior.

Es esta quien le indica que realice la diligencia extendida para que conste que no se ha querido firmar dicha resolución.

La TAG afirma haber avisado entonces al Secretario y también señala recordar una reunión mantenida por ella, con el Secretario y la alcaldesa, en la que esta última afirma no querer firmar el expediente para no causarle perjuicios a la empresa, si bien, lo hace de manera dubitativa.

Las afirmaciones de la administrativa y la TAG son negadas tanto por la secretaria de la alcaldesa como por el Secretario, asegurando en ambos casos que dichas conversaciones no existieron. En el caso de la secretaria se desmiente que se haya denegado la firma, mientras que el Secretario asegura que no se puso en su conocimiento los hechos.

Además de estas declaraciones y las de la empresa implicada, que niega tener relación de ningún tipo con la alcaldesa, en la sentencia se incluye que la TAG cuenta con hasta tres expedientes abiertos, por retrasos e irregularidades en la tramitación.

Ante todo ello, el juzgado estima que no existe ninguna prueba de cargo suficiente que muestre la intencionalidad de no firmar dicho documento.

Desde la acusación se solicitaba una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una indemnización de 223.022,11 euros por los perjuicios causados al Ayuntamiento de Puçol, además del pago de las costas procesales.