Veredicto: culpables por el brutal asesinato de sus hijos

Tras diez días de juicio, el jurado popular ha declarado a Gabriel y María culpables de asesinato. El matrimonio había sido acusado de acabar con la vida de sus dos hijos, Amiel, de tres años y medio, e Ixchel, de solo seis meses, en un ritual practicado en una casa de campo de Godella en marzo de 2019.

El tribunal popular ha considerado probado, por mayoría de siete votos a dos, que Gabriel dio muerte a sus hijos sin posibilidad de defensa y por unanimidad que también lo hizo la madre. Justifica su decisión en pruebas documentales, las propias declaraciones de los acusados, periciales y las testificales oídas durante la vista, también ha rechazado la posibilidad de que los padres obtengan ningún beneficio como el indulto.

A la vista del veredicto, el fiscal ha anunciado que mantiene su petición de penas para la pareja: 50 años de cárcel para Gabriel por dos delitos de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco; mientras que para la mujer, María, solicita una medida de internamiento médico al apreciar la eximente completa de anomalía psíquica.

Fiscalía solicita, además, en materia de responsabilidad civil, el pago de una indemnización para los abuelos paternos y maternos de 300.000 euros por los daños morales ocasionados. El representante del ministerio público afirmó, en la primera sesión del juicio, que esta era la vista "más brutal" en la que había tenido que participar a lo largo de su dilata trayectoria.

La defensa de Gabriel, por su parte, ya ha anunciado la presentación de un recurso contra la decisión del jurado y la sentencia que se imponga por la Audiencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Con independencia de este recurso, ha reclamado para su cliente la pena mínima prevista para supuestos como este, habida cuenta además de que "no ha habido unanimidad" en el jurado en relación con Gabriel, según ha avanzado.

Por su parte, la defensa de María, que no se ha pronunciado sobre si presentará recurso ya que adoptará la decisión a la vista de la sentencia final, ha pedido que la medida de seguridad que se acuerde sobre la acusada se imponga por máximo de siete años dado el estado en el que se encuentra su defendida y su ingreso en un centro psiquiátrico adecuado a esa situación. En este sentido, ha avanzado que se presentará al tribunal el lugar donde se ha encontrado plaza para esté "en condiciones adecuadas".

Los forenses que examinaron a Gabriel descartaron que sufriera alguna enfermedad mental y afirmaron que no padecía "ni alucinaciones ni ideas delirantes" y que aunque buscaron indicios de un trastorno de personalidad o enfermedad mental, no la hallaron. Sobre la acusada, concluyeron que sufre esquizofrenia paranoide, que la droga y su pareja le afectaban a su estado de salud y que siempre ha mantenido un relato coherente de lo que ocurrió la noche en la que murieron los menores.

Los hechos

Según el relato fiscal, los acusados eran pareja de hecho desde 2011 y, tras vivir en diversos lugares de Europa y España, en torno a los meses de febrero-marzo de 2017 se instalaron en una casa de campo de Godella que ocuparon ilegalmente y arreglaron para hacerla habitable.

La pareja compartía creencias místicas-religiosas y, así, creían en la regresión, en la purificación de las almas mediante baños de agua y en el renacimiento de las almas tras la muerte de los cuerpos. Estas creencias, inicialmente profesadas por el hombre y "se las metió en la cabeza a María".

Según el fiscal, entre las 22 horas del 13 de marzo de 2019 y las 4 horas del día siguiente, los acusados, actuando de común acuerdo, primero bañaron en la piscina de la casa a los menores para purificarlos y posteriormente les propinaron multitud de violentos golpes, fundamentalmente en la zona de la cabeza, bien con un objeto contundente o bien contra el suelo.

Como consecuencia de la agresión, los niños sufrieron sendos traumatismos craneoencefálicos, con múltiples fracturas craneales y lesiones encefálicas que les provocaron la muerte.

Tras ello, enterraron los cuerpos sin vida en diferentes sitios de la parcela donde se ubicaba la vivienda. En ese momento la mujer padecía una esquizofrenia de tipo paranoide, que se encontraba en fase de brote agudo, que anulaba las bases psicobiológicas de su inteligencia y voluntad.