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La alcaldesa de El Puig, al borde del banquillo al ver la Fiscalía prevaricación

La socialista Luisa Salvador está imputada por chantajear y echar a la interventora. El fiscal la coloca al borde de juicio al ver delito y asumir el juez la tesis. El abogado es Mata.

Luisa Salvador, PSOE, alcadesa de El Puig

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E. M.

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Las cosas se complican para la alcaldesa de El Puig, la socialista Luisa Salvador, que se encuentra investigada por el juez desde el pasado mes de enero por un presunto delito de prevaricación y malversación después de que presuntamente amenazara, chantajeara y echara del Ayuntamiento a la interventora municipal por señalar una serie de irregularidades en la concejalía de personal, tal y como avanzó en su día ESdiarioCV.

Ahora la Fiscalía ha emitido un escrito en el que aprecia “la existencia de indicios de la comisión de delito de prevaricación”, por lo que solicita al juez que continúe con el procedimiento por el delito citado contra Luisa Salvador. Lo que significa que esto coloca a la alcaldesa de El Puig al borde del procesamiento o de la apertura de juicio, es decir, casi en el banquillo, al observar delito el fiscal y asumir la tesis el juez. Así consta en los escritos a los que ha tenido acceso ESdiarioCV.

En el tema de malversación el juez va a seguir investigando y el juez pedir nuevos testimonios, pero en la prevaricación es donde va ir el tema adelante. Como curiosidad, el abogado de la alcaldesa de El Puig es el síndic socialista, Manolo Mata.

Recordemos que la imputación de Luisa Salvador se produce cuando ella y otros concejales se reunieron con la interventora y le presionaron para que retirara las irregularidades que señalaba en la concejalía de personal, o de lo contrario revocarían su comisión de servicio y la echarían de interventora. Lo que viene a ser coloquialmente un chantaje. Ante la negativa de la interventora, días después fue revocada su comisión de servicios para echarla del Ayuntamiento de El Puig.

El Partido Popular y Ciudadanos presentaron una denuncia ante la Fiscalía por un posible delito de amenazas y coacciones, malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, y el juez de primera instancia de instrucción nº 3 de Massamagrell decidió abrir investigación que ahora da un paso más.

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