Compromís arropa a un alcalde acusado de prevaricación al que piden 15 años

Parece ser que con las acusaciones de corrupción y los casos que acaban ante el juez algunos partidos tienen una doble de vara de medir muy grande en función de si les afecta a ellos o a los otros. Es lo que le pasa a Compromís, tan crítico cuando algún dirigente del PP se enfrenta a una causa judicial, pero que luego no es que ya no tome medidas contra sus cargos en el banquillo, sino que además va a arroparles y a aplaudirles al juzgado.

Parece ser que para la coalición nacionalista que al ex alcalde de Corbera -y actual concejal de Urbanismo de la localidad-, Jordi Vicedo, que le pidan 15 años de inhabilitación y una multa de 12.000 euros por los delitos de prevaricación y exacciones ilegales por el caso de la cantera del municipio es una nimiedad, o incluso un motivo para ir a hacerse una foto con el antes de sentarse en el banquillo de los acusados.

Ayer comenzó el juicio por la polémica de la cantera de Corbera -como informo ESDiarioCV-, y hasta la Ciudad de la Justicia se desplazó á secretaria general de Més Compromís (el antiguo Bloc), Águeda Micó, o la diputada provincial Mentxu Balaguer, junto con otros militantes de Compromís, que justificaban su presencia en que el juicio contra Jordi Vicedo es “una persecución del PP”, algo que realmente no es cierto porque quien acusa no es el PP, sino la Fiscalía.

Según sostiene la Fiscalía, el ex alcalde de Corbera, Jordi Viciedo, en lugar de gravar a la cantera con los tributos conforme a la legalidad vigente, como el impuesto sobre construcciones y la tasa municipal por otorgamiento de licencia urbanística, el entonces alcalde estableció unos pagos y prestaciones "absolutamente arbitrarios" y "sin base legal alguna", motivo de las acusaciones.

Además, la resolución por la que se prorrogó la licencia de la cantera hasta abril de 2015 fue adoptada "a instancias del alcalde" y con "el visto bueno, consentimiento y consciencia de su ilegalidad" de la secretaria del Ayuntamiento, asegura el Ministerio fiscal.

Expirada esta segunda prórroga, "y no satisfecho con las anteriores exacciones", el alcalde se reunió con la mercantil en octubre de 2017 en el Ayuntamiento y exigió un aval de 600.000 euros para renovar la prórroga de la explotación, a lo que la empresa se opuso "ante la patente irregularidad de la exigencia y lo desorbitado de la misma".

Ante esa negativa, el alcalde denegó la prórroga de la explotación y ordenó la paralización de los trabajos de la cantera, en una resolución dictada en enero de 2018 "sin fundamento legal alguno", afirma la Fiscalía.