Los abogados protestan por el cierre del juzgado de violencia de Catarroja
El Colegio de la Abogacía de Valencia y Juristes Valencians se han manifestado esta mañana para mostrar su descontento por los planes de Gabriela Bravo de suprimir juzgados
El ICAV y Juristes Valencians protestan frente a las puertas del juzgado de Catarroja.
El ICAV (Colegio de la Abogacía de Valencia) y l’Assosicació de Juristes Valencia, junto con algunos representantes políticos de los municipios afectados, se han manisfestado esta mañana frente a la puerta de los juzgados de Catarroja para mostrar su descontento por la grave situación que supone la pérdida de competencia en materia de violencia de género en los partidos judiciales de Quart de Poblet, Carlet, Xàtiva, Moncada, Catarroja, Picassent, San Vicente del Raspeig, Villajoyosa y Novelda.
Entro los asistentes a esta protesta se encontraban la presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, Angeles Coquillat, el decano de Sueca del ICAV, Jesús Muñoz, el decano del ICAV de Valencia, José Soriano, portavoces del PP de Alfafar, Paiporta y Catarroja, la diputada de Compromís, Dolors Gimeno, y Fran Raga, representante del PSOE de Massanassa, y María José Hernández concejala de Avant-Decidix de Albal. Por parte de Juristes han estado su presidente José Ramón Chirivella, José Añón y Nuria Juan.
Jose Morgan, secretario de Juristes Valencians, ha manifestado su preocupación por la situación en la que quedan las víctimas de violencia de los partidos judiciales afectados por la centralización. Para Morgan, “la movilidad supone un obstáculo para que las víctimas puedan recibir la asistencia jurídica que precisan”. Desde l’Associació de Juristes Valencians expresan así su “apoyo total” a los compañeros de ese y el resto de partidos judiciales de la Comunitat Valenciana que sufren las consecuencias de la publicación del Real Decreto 954/2022 de 15 de noviembre.
Esta manifestación es la segunda que realizan los magistrados tras la protesta de Xàtiva por los planes de la conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo de quitar competencias de violencia de género a varios juzgados para centralizarlas en otros. Los abogados consideran que se dificulta así su trabajo, así como la atención de las víctimas, que pierden proximidad en la Justicia.