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Almàssera pierde 87.000€ de una subvención destinada a Servicios Sociales

La Diputación de Valencia ha pedido al consistorio que reintegre el 50% de esta subvención debido a que no se ha gestionado de la manera en la que especifican las bases.

Ramón Puchades, alcalde de Almàssera (PSOE), Joan Carles Jover (Compromís), teniente de alcalde, y Antonio Sánchez, (Unides Podemo-Esquerra Unida), concejal, durante la firma del pacto de Gobierno.

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El PP de Almàssera, a través de un comunicado, ha criticado duramente el último decreto de alcaldía donde se anuncia que la Diputación de Valencia, en su área de Inclusión Social, ha solicitado al Ayuntamiento de Almàssera que reintegre 87.767,96 euros, de los 176.000 euros que tenía concedidos. Esto supone casi el 50% de la subvención. Esto se produce, según denuncian los ‘populares’, por una “mala gestión” de dicha subvención.

“ya perdimos una subvención de 30.000 euros destinada a la contratación de desempleados por no tramitarla en plazo, llevamos un mes sin prestar el servicio de ‘menjar a casa’ porque no se ha licitado el servicio, y ahora, además, nos enteramos de que el ayuntamiento ha perdido una subvención de casi 90.000 euros por no justificar los importes, es un auténtico despropósito la gestión que esta llevando el Sr. Puchades al frente de nuestro Ayuntamiento”, sentenciaba el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Emilio J. Belencoso.

Subveción “Contrato programa”

El objetivo que se pretende desde Diputación, a través de esta subvención, es conceder subvenciones directas a ayuntamientos para el sostenimiento de los servicios sociales, pagar nómicas del equipo base y prestaciones básicas en favor de los mas necesitados.

Mediante la Ley 3/2019 de 18 de febrero establecía que las Diputaciones prestarían la asistencia técnica, y económica a los ayuntamiento con población inferior a 15.000 habitantes, por ello la razón de este programa de ayudas.

En las propias bases de la convocatoria se establece como objetivo principal la financiación del personal de los equipos sociales de atención primaria, los cuales garanticen a los ayuntamiento el ejercicio de sus competencias en materia de servicios sociales.