El exalcalde de Chiva confiesa y es condenado a prisión por fraude
José Manuel Haro ha reconocido en el juicio que utilizó una empresa pública para emitir facturas falsas por valor de de 207.000 euros.
Este martes el exalcalde de Chiva, José Manuel Haro, ha sido juzgado en la Audiencia Provincial de Valencia por pagar entre 2008 y 2012 facturas con fondos del Ayuntamiento por trabajos que no habían sido realizados. El que fue alcalde del PP en la localidad valenciana entre 2007 y 2015 ha sido condenado a un año y cuatro meses de prisión y el concejal de Urbanismo, Marcos Navarro, también investigado en la causa, ha resultado absuelto.
La Fiscalía sostiene que cometió esos hechos desde su cargo de presidente del consejo de administración de una sociedad anónima creada con capital municipal para realizar estudios urbanísticos, redacción de instrumentos de ordenación y explotación y gestión de obras, entre otras actividades. En el desfalco participó, según la acusación pública, un tercer acusado, que entonces era gerente de la citada empresa.
La Fiscalía cifra en sus conclusiones provisionales el fraude en unos 207.000 euros euros, de los que 138.000 corresponden al importe de las facturas y los 69.000 restantes a la aportación de capital a la sociedad realizada por el Consistorio.
El Ministerio Público pedía inicialmente para los tres acusados sendas penas de cinco años de cárcel y el pago de multas por delitos de prevaricación, malversación y falsificación de documento público.
Finalmente, el exalcalde de Chiva y la Fiscalía han llegado a un acuerdo mediante el cual Haro evita entrar en prisión. Se ha establecido una condena de un año y cuatro meses de cárcel más la inhabilitación por lo que queda en libertad si no vuelve a delinquir.
Además de devolver al Ayuntamiento la cuantía que había falseado a través de facturas falsas correspondientes a trabajos no realizados por la empresa pública, deberá hacer frente al pago de una sanción económica.
Reputación controvertida
Haro fue una figura emergente en el Partido Popular, llegó a ostentar el puesto de secretario ejecutivo de Relaciones Institucionales en la provincia de Valencia, pero su carrera política al frente del Ayuntamiento de Chiva ha estado marcada por la polémica.
En 2010, su gestión en el Ayuntamiento de Chiva generó discordia debido a la expropiación de terrenos para un campo de fútbol, cuya compensación inicial resultó tres veces inferior al valor real de las parcela. Por ello, el TSJCV condenó al Ayuntamiento de Chiva a pagar 690.000 euros.
Posteriormente, en 2011, un escándalo surgió a raíz de un examen de oposición en la Diputación de Valencia. Haro estaba era responsable de la imprenta provincial que fotocopiaba los exámenes y las siete calificaciones más altas fueron otorgadas precisamente a concejales de Chiva.
También protagonizó un episodio peculiar, en septiembre de 2011, cuando Haro presentó la dimisión del concejal de fiestas de su partido, Fernando Casanova, sin su consentimiento antes de las elecciones y la Junta Electoral terminó por devolver el acta al concejal.
El alcalde de Compromís también fue investigado
El municipio valenciano acumula un desdichado historial de alcaldes investigados. Haro no ha sido el único edil que ha tenido problemas con la justicia. El posterior alcalde de Compromís, Emilio Morales, ha sido investigado por prevaricación.
Tanto Morales como varios concejales de su equipo de gobierno fueron investigados por un delito de prevaricación por el supuesto pago de más de un millón de euros en productividades desde 2016, ascendiendo en 2020 a 400.000 euros, con informes en contra del secretario municipal y del interventor. En pasado año el juzgado terminó por sobreseer la causa contra el ya exalcalde de Compromís y los entonces concejales.