La gobernabilidad de España sigue pasando por Cataluña

En política, extraña es una situación sin causa susceptibles de ser conocida. Pero esa relación suele darse, más por la sincronía de hechos, tal como teorizaba Carl Gustav Jung, que por la relación mecánica de la tercera Ley de Isaac Newton. Sincronicidad de hechos políticos acaecidos esta semana en las sesiones del Congreso de Diputados, el Parlamento de Cataluña y las Cortes Valencianas. Pero con un denominador común, que la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez depende de lo que ocurra en Cataluña. Una situación que condiciona el comportamiento de un PSPV a las órdenes del presidente del Gobierno, más que al mandato de los valencianos.

A pesar de abrirse una ventana de oportunidad para el PSOE de llegar acuerdos con el PP con la renovación del CGPJ, la pregunta que subyace en las Cámaras es si el Gobierno de España, PSOE-Sumar, logrará la mayoría suficiente para aprobar en otoño los presupuestos. Una situación que dependerá de lo que hagan ERC y Junts de aquí al 23 de agosto para investir a un presidente de Cataluña. De sobra sabemos que estos dos pasarán un precio al PSOE que colisiona con los intereses de la Comunitat. Unos intereses defendidos por el PSPV, y, quizás apoyados, o no, por Compromís, ante el previsible boicot del PSPV convertido, hoy más que nunca, en una sucursal del Moncloa.

En la sesión de control al Gobierno PSOE-Sumar en el Congreso, Pedro Sánchez se cogió al clavo ardiendo de una posible “geometría asimétrica” en los pactos. Si después de tantos meses para llegar acuerdos sobre la renovación del CGPJ, ¿no sería imposible la renovación de otros, que dependen de una mayoría solo alcanzable con el concurso del PP? y, por lógica, que en diciembre no presente una enmienda a la totalidad a los PGE para 2025. Se equivoca Pedro Sánchez, pues sabe, y bien se lo explicó Núñez Feijóo, que el acuerdo cede a las propuestas del PP hecha dese hace meses para garantizar la independencia del poder judicial, acuerdo no extensible a una pretendida “geometría variable”. Y menos en otoño, tal cual se presenta.

Mientras sucedía esto en Madrid, y a la misma hora, en Barcelona acaecía la sesión de investidura a la presidencia da la Generalitat. Ni Salvador Illa, ni Carles Puigdemont, aseguraron al presidente Josep Rull tener los suficientes apoyos para la primera y segunda vuelta. La sesión se resolvió prorrogando la votación hasta el23 de agoto. Y si en esta fecha no hay candidato, se disuelve el Parlamento y se convocan nuevas elecciones el 13 de octubre. En la sesión, las claves las dieron los Comunes, y, por supuesto, ERC y Junts. Los primeros, causantes por su torpeza de la caída de Aragonés y de la retirada de Pedro Sánchez del proyecto de PGE para 2024, los segundos en plena crisis existencial, pero que venden su apoyo a un alto precio, difícil de pagar por Ferraz y Moncloa, y los terceros condicionando su conducta en Madrid según se resuelva la situación de Puigdemont de hoy al otoño.

Hay quienes no cambian ni las marchas de un coche. Siguen con la primera puesta por una autopista. Es lo que suele ocurrirle a Jessica Albiac, la portavoz de los Comunes. Sus dos alternativas de futuro para estos dos meses: o un nuevo “Pacto del Tinell” entre PSC-ERC-Comunes, o elecciones el 13 de octubre; un pacto que aísle a la derecha catalana, metiendo en el saco a Junts. Mal lo tiene Salvador Illa con esa talibán. Pero fue la respuesta de Josep Maria Jove, el portavoz de ERC que, al igual que una madame en la esquina de una calle peatonal de El Raval, se iría con quien le pagara el precio exigido: plazo para un referéndum de autodeterminación y Concierto Fiscal. Si Salvador Illa no le garantizaba el precio a pagar por Madrid en una negociación bilateral, se verían las caras el 13 de octubre. Recogió el guante Josep Batet, de Junts, argumentando que ese precio solo era posible cobrarlo condicionando “in extremis” al gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y que, para ello, una estrategia conjunta ERC-Junts era necesaria. Y, además, si el PSC no se abstenía para que Puigdemont fuera investido con los votos de ERC, la situación se resolvería en octubre.

La verdad es que a ninguno de los partidos para un “Segundo Pacto del Tinell” le interesa repetir elecciones. Que no las haya va a depender de lo que esté dispuesto a pagar Pedro Sánchez por acostarse con ERC. Además de forzar de nuevo la Constitución, apelando a Conde Pompidou con el asunto del referéndum, el precio en metálico es “sacrificar” la financiación del resto de Comunidades Autónomas sujetas a régimen común dela LOFCA, esperando que ERC acepte el “trato singular” con que se disfraza la concesión de soberanía fiscal. Pero esto hace saltar los fusibles en Junts, que va a pedir, a cambio, el regreso de Puigdemont sin causas. Veremos si esto le aplacará. Además, la cosa se ha complicado en estos días, cuando ERC ha subido la cotización haciendo suya la propuesta de Junts de rechazar la entrada de MENAS canarios en territorio catalán. Que se hagan cargo el resto de las autonomías.

Al día siguiente, en menos de 24 horas, hubo sesión de control en Cortes Valencianas. Ya es habitual que José Muñoz acuda alterado. Así fue. Necesitado de soltar cortinas de humo para esconder la complicidad del PSPV con Moncloa en contra los intereses de la Comunidad Valenciana en ese escenario político. Hoy más que nunca el PSPV es una sucursal del PSOE. Nada dijo de lo que puede significar para los valencianos la concesión a Cataluña del “Cupo” a la Vasco-Navarra, ni la centrifugación de los MENAS de Canarias entre las autonomías excluyendo a Cataluña, por ejemplo. Unas vergüenzas que delatan la desnudez política de su jefa de filas, Diana Morant, tan acomodada en los flecos de la Moncloa y Ferraz. Le tuvo que afear la conducta el presidente Carlos Mazón, denunciando su soez postureo y falta de empatía con Catalá, Núñez y Ruz por los ataques “fangosos”, “manipuladores” y “homófobos”, respectivamente, desde sus propias filas.

La gobernabilidad de España y la satisfacción de los intereses valencianos hoy pasan por Cataluña. Bien lo sabe Compromís, que contó con el apoyo del PPCV para tramitar su proyecto de Ley mal redactado sobe el financiamiento justo para la Comunitat, un paso para la defensa en común de “lo nuestro”. No lo saben los de VOX, pues su opinión depende de lo que les diga el “núcleo duro” en Madrid y sus agentes en Valencia. Pero sí que lo sabe el PSPV, que tiene que contestar ya de una vez por todas al lado de quien está: o defendiendo los intereses de los valencianos frente a los de Pedro Sánchez, o con los intereses del PSC y de Salvador Illa, que son los de Pedro Sánchez. Pero que hoy por hoy no son los de La Comunitat.