Opinión
La ley de la costa valenciana en primera línea del autogobierno
Vecinos de Oropesa del Mar y la Plataforma Morro de Gos con pancartas durante una manifestación, frente al ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico
El conjunto del litoral mediterráneo viene experimentando un cambio de fisionomía como consecuencia de la reducción de la aportación de sedimentos, que se manifiesta con la regresión de muchas playas, circunstancia que supone un perjuicio para el conjunto del medio ambiente que integra la flora, la fauna y los humanos.
La política del Gobierno Sánchez ha sido la de la inacción y la arbitrariedad. La inacción puesto que desde el Ministerio no se ha movido un dedo por aplicar ninguna de las medidas correctoras existentes para proteger la línea de costa, tales como la construcción de espigones o arrecifes artificiales y arbitraria en tanto que el reglamento de desarrollo de la ley de costas, que fue anulado por el Tribunal Supremo, dejaba a los vecinos de los núcleos poblacionales en una situación de inseguridad jurídica absoluta.
Vecinos que, en aplicación de un deslinde basado en el cálculo a partir del alcance de la última ola del temporal, pueden perder de la noche a la mañana sus propiedades sin dejar de tener que satisfacer la deuda, en su caso, por la adquisición de la mismas.
Sánchez, y su política sectaria en esta materia, ha dejado al litoral a la deriva, su única receta es el abandono, y eso no conduce a la regeneración de las playas y además supone por omisión un ataque al conjunto de los ecosistemas afectados.
La costa valenciana en particular, que en si misma constituye un entramado natural, social y económico vinculado históricamente con la Comunitat Valenciana, tiene evidentes similitudes con el resto de la fachada mediterránea, no obstante tiene numerosas particularidades que refuerzan su especificidad.
En conexión con este hecho, el Estatut d'Autonomía atribuye la competencia de ordenación del territorio y el litoral a la Generalitat Valenciana, y en virtud de esta habilitación el Consell de Carlos Mazón ha impulsado el anteproyecto de ley de protección de ordenación de la costa valenciana, que pretende la protección del conjunto del litoral y los núcleos poblacionales asumiendo su defensa para su desafectación frente a potenciales deslindes de la zona marítimo terrestre.
El anteproyecto de ley impulsado por el Consell supone un ejercicio de autogobierno útil, en respuesta a una demanda social latente, como así lo avala el Movimiento Somos Meditarrania, que agrupa más de cincuenta entidades, vecinales, medio ambientales y transversales de localidades que directamente ven peligrar su propia existencia como municipios de playa. Se trata, como ha declarado Vicente Martínez Mus, director general del ramo, de luchar contra la regresión de las playas no contra los vecinos.
Plantea el Consell un ejercicio responsable de las atribuciones propias frente a la arbitrariedad e inacción del ejecutivo central, haciendo valer como contrapeso la cohabitación territorial que dibuja el estado autonómico, para la promoción y defensa de los intereses de los valencianos, que sitúa a la costa en primera línea de la reivindicación del autogobierno.